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MOREIRA: LA SANGRE DERRAMADA

El asesinato del hijo del ex gobernador de Coahuila fue el tiro de gracia a un político en desgracia…

Dirigente nacional del PRI en momentos clave –la designación del candidato presidencial de ese partido– Humberto Moreira se había servido del poder hasta su máxima expresión política.

Pero acabó defenestrado ante la presión del gobierno calderonista y el abandono que se hizo de él desde la cúpula priísta, muy preocupada por su reputación cuando se construía la candidatura de Enrique Peña Nieto.

Humberto Moreira usó, pues, y fue usado, como es norma en el priísmo. Y en este último contexto su hijo acabó siendo asesinado.

Como gobernador solía confrontarse con Felipe Calderón: varias veces le recriminó la militarización exacerbada del país. Desde Coahuila ayudó a varios de sus compañeros de partido a ser gobernadores, entre ellos a su hermano Rubén, quien lo sucedió.

Como presidente del PRI consiguió apoyos estratégicos para Enrique Peña Nieto hasta definir su candidatura a la Presidencia. Pero cayó en desgracia al revelarse que como mandatario de Coahuila contrajo una deuda multimillonaria, que en parte se obtuvo gracias a documentos falsos. Entonces sus compañeros de partido lo dejaron solo.

Y ahora su hijo fue asesinado.

Crítico de la militarización, Moreira se convirtió en víctima de la violencia que azota al país y en estos días sobre todo al norte de Coahuila. En sus palabras padece “en carne propia” el saldo de la “guerra absurda” declarada por Calderón al inicio de su mandato.

El miércoles 3, José Eduardo, primogénito del ex dirigente nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila, fue asesinado en un paraje de Ciudad Acuña.

La noticia se difundió con rapidez, sin que hubiera confirmación oficial hasta el día siguiente. En el gobierno de su tío, Rubén Moreira, se cerraron todas las fuentes de información. Dos horas después de la desaparición del joven de 25 años ni siquiera su padre estaba enterado de lo ocurrido y no fue sino hasta que los rumores llegaron a él cuando pudo confirmar la muerte de su primogénito.

Distrito Federal— Carlos Ariel y Álvaro fueron los hermanos que acompañaron a Humberto en el sepelio. Rubén no asistió. Tampoco los secretarios de su gabinete. Sólo unos pocos alcaldes llegaron a las exequias.

La ausencia de Enrique Peña Nieto y de la mayoría de los gobernadores priístas fue más notoria que las discretas asistencias de algunos peñistas: Sólo acudieron el sucesor de Moreira en el PRI, Pedro Joaquín Coldwell; los integrantes del equipo de transición Miguel Ángel Osorio Chong y Jorge Carlos Ramírez Marín y los gobernadores de Chihuahua, César Duarte, y Zacatecas, Miguel Alonso.

Aunque más tarde el ex dirigente priísta se reuniría con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, no hubo nadie del Gobierno Federal y las condolencias de Felipe Calderón –emitidas durante un acto en Colima– estuvieron acompañadas del anuncio de apoyo federal al estado. Los funcionarios calderonistas, como Poiré y el jefe policiaco Luis Cárdenas Palomino, se reunieron con Rubén en Saltillo.

En Ciudad Acuña, en el centro del cortejo, Humberto Moreira devastado, rodeado de su familia y custodiado por efectivos de la Armada, reclamó justicia y advirtió que su hijo era una víctima más de la “guerra absurda” que se vive en México.

En desgracia

El asesinato de José Eduardo Moreira ocurrió en momentos en que su padre cayó en desgracia. Luego de haber acariciado las altas esferas del poder y haberse colocado en la primera línea del equipo de Enrique Peña Nieto, debió salir de la escena pública acusado de contratar de manera ilícita una deuda que ronda los 35 mil millones de pesos cuando fue gobernador de Coahuila.

Antes, en diciembre de 2010, faltando un año para concluir su mandato, anunció que renunciaría a la gubernatura. Abandonó el estado con señalamientos por un nepotismo (todos sus hermanos estaban en actividades públicas) que alcanzaba su mayor expresión en la designación de Rubén como candidato a sucederlo.

Contra Humberto pesaba que durante su gestión ocurrió el desbordamiento de la violencia en la región lagunera, especialmente en Torreón, donde la confrontación entre el Cártel de Sinaloa y Los Zetas se materializaba en matanzas, tiroteos, atentados y secuestros que azotaban en especial a la comunidad empresarial.

En todo el estado la presencia Zeta se traducía en extorsiones y desplantes de poder que, sin embargo, no llegaban a los indicadores sangrientos de las demás entidades fronterizas, no obstante el elevado número de desaparecidos. A la violencia Moreira respondía con críticas al modelo de militarización y señalaba la falta de estrategia de Calderón para combatir el problema. (Proceso 1757).

Según Moreira, fue por sus posturas críticas como gobernador que el gobierno de Calderón le retenía participaciones y recursos aprobados para la entidad, además de enfrentar cerrazón al diálogo en el gabinete federal.

Con sus operadores electorales desplegados contribuyó a las victorias electorales de estados en manos de partidos opositores al PRI, como San Luis Potosí y Zacatecas, o en riesgo de derrota como Nuevo León y Durango. Finalmente llegó por unanimidad a la dirigencia nacional del PRI.

El profesor llegó a la cumbre de su trayectoria al convertirse en dirigente del PRI en marzo de 2011. En los meses siguientes consiguió que su partido ganara Coahuila, Nayarit, el Estado de México y Michoacán.

Pero sobre todo operó la aproximación de la élite militar a Peña Nieto (Proceso 1839), consolidó la alianza con el partido de Elba Esther Gordillo y definió la unción del mexiquense, a costa de las aspiraciones del entonces senador y hoy diputado federal Manlio Fabio Beltrones.

El caso de la deuda

El 25 de junio de 2011, a una semana de celebrarse la elección de gobernador de Coahuila, Ernesto Cordero, entonces titular de Hacienda, acudió a Torreón para participar en un acto de campaña de Guillermo Anaya Llamas, el candidato panista, senador con licencia y compadre de Calderón. Originario de Torreón, Anaya contendía contra Rubén Moreira.

En el acto partidista Cordero informó que la deuda de Coahuila ascendía a 33 mil millones de pesos, una cantidad casi cinco veces mayor que la admitida públicamente por el gobierno del estado hasta entonces.

En el escándalo resultaron implicados funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, colaboradores de Javier Villarreal Hernández, miembro del círculo cercano de Rubén, y empleados bancarios. El asunto fue ampliamente difundido e inclusive la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, utilizaba a diario la referencia en su campaña para aludir a la corrupción priísta.

Sin embargo Proceso pudo confirmar que desde finales de junio la PGR declaró el no ejercicio de acción penal contra Humberto Moreira. Por otra parte el saldo fue liquidado, por lo que los implicados tendrían que enfrentar consecuencias de derecho sólo por 25 millones de pesos, que es el daño patrimonial causado a la entidad.

La agencia de noticias Apro dio a conocer el 10 de noviembre de 2011 que los 3 mil millones contratados de manera ilícita estaban saldados, conforme al expediente 76/2011 radicado en el juzgado Segundo en Material Penal de Saltillo. Se trataba de un crédito por mil millones de pesos contratados con el Banco del Bajío, y otro por 2 mil millones de pesos con Santander.

Por el crédito con el Banco del Bajío el gobierno de Coahuila debió pagar 25 millones 500 mil pesos de intereses, en tanto que por el de Santander, 19 millones de pesos. Así, independientemente de los delitos que se siguen por la falsificación de firmas y documentos, los imputados enfrentarían consecuencias de derecho por 44 millones 500 mil pesos y no por el monto total de la deuda.

Abandonado

Para entonces, en cada fecha significativa para los hermanos Moreira una situación de violencia se desataba en la entidad. El registro se incrementó a partir de dos hechos: La llegada de efectivos de la Armada a la entidad en 2010 y el rompimiento de Los Zetas con el Cártel del Golfo a finales de ese mismo año.

El 18 de julio de 2010, cuando Rubén se casó con la hidalguense Carolina Viggiano Austria en Saltillo, ocurrió la masacre de la Quinta Italia en Torreón, con saldo de 18 muertos. El 4 de marzo de 2011, cuando Humberto tomaba protesta con dirigente del PRI, se desató un tiroteo en Saltillo que mantuvo a la ciudad en vilo. El 1 de diciembre de 2011, horas después de que Rubén asumiera la gubernatura, otra balacera desquició a la capital coahuilense.

Humberto abandonó la dirigencia del PRI en medio del escándalo, con Calderón refiriéndose indirectamente a la deuda y la dirigencia del PAN interponiendo denuncia tras denuncia. Pero Rubén se dirigía al Presidente el 7 de diciembre de 2011, apenas iniciada su gestión:

“(Deseo) agradecerle a su gabinete de seguridad, que en el inicio del gobierno de Coahuila nos han acompañado en el trabajo de la búsqueda de la seguridad. Muchas gracias, señor Presidente”, insistía Rubén Moreira, quien a partir de entonces saludó y dio todas las condiciones para el establecimiento de bases navales y militares en el estado.

Para entonces el círculo cercano de Humberto había quedado fuera del reparto de cargos con Rubén y se empezaba a hablar del distanciamiento de los hermanos.

Fue notoria la ausencia de Rubén en la capilla ardiente, la ceremonia religiosa y el sepelio de José Eduardo, el jueves 4.

Sólo la viuda de José Eduardo, Lucrecia Davis, en su cuenta de Twitter le escribió a Rubén Moreira: “No sabes gobernar Esto es tu culpa maldito Renuncia”. En otros dos mensajes exigió justicia.

En cuanto a Humberto, al salir de la misa de réquiem declaró que atravesaba un momento muy triste, que habría tiempo para hablar y expuso: “He aguantado mucho, he aguantado calumnias, he aguantado engaños, he aguantado que la gente hable sin saber, pero esto no se puede aguantar. Mataron a mi hijo. Le dieron dos balazos en la cabeza unos desgraciados”.

Fuente: MundoNarco
Nota de los editores: reproducimos esta nota no con al afán de fomentar el amarillismo, sino de seguir dando a conocer noticias relacionadas con el lamentable suceso en el que el Estado se ha vuelto envuelto en sangre gracias a la avaricia y corrupción  de una clase política que se cree Monarquía y al parecer, está actuando como tal.
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DETRÁS DEL HIJO DE MOREIRA

Detrás del hijo de Moreira
Por: Lydia Cacho – octubre 4 de 2012 – 22:52
Cacho en Sinembargo, COLUMNAS – 125 comentarios

No estoy dispuesta ni lo estaré nunca a celebrar el asesinado de nadie. Lo que estoy es convencida de que quienes cometen delitos deben pagar por ellos de acuerdo a las reglas jurídicas establecidas para quien incurre en conductas antisociales. Que desde los asesinos hasta quienes comete peculado deben pagar, como bien lo exige la ley, con la privación de la libertad y las multas correspondientes. Lo mismo aplica para quienes utilizando el poder que les confiere un puesto público, debilitan a las instituciones con el tráfico de influencias, llevan a cabo negocios sucios, ejercen nepotismo, lavan dinero, o robustecen sus fortunas personales dejando en quiebra a sus ayuntamientos y estados, traicionando a la sociedad entera. El mismo rasero para toda la sociedad.

Dicho lo anterior debo confesar que a mi, como a millones de personas, las declaraciones que Humberto Moreira hizo hoy me dejaron pasmada. Y sí, seré políticamente incorrecta, pero debo decir lo que muchos piensan y callan por pudor. En medio de su auténtico dolor por la trágica muerte de su hijo, Moreira es el mismo cínico de siempre. Declaró “Mi hijo es un muerto más de esta guerra, unos desgraciados le dieron dos balazos en la cabeza”. Cuando el ex gobernador que dejó a Coahuila en un estado financiero calamitoso, por no hablar de la impunidad y violencia rampante, dijo estas palabras y acto seguido aprovechó para asegurar que se le había calumniado, pero que esto sí, no lo va a perdonar.

Y debo decir que si su hijo fuera un muerto más de esta guerra, él estaría como el resto de los padres y madres, haciendo fila, lleno de ansiedad y angustia, para que la procuraduría estatal recogiera su caso antes de los otros dos mil pendientes. Si su hijo fuera otro más no hubiera sido contratado por su tío como coordinador regional de la Sedesol estatal. Si su hijo fuera una víctima más de esta guerra, seis horas después de su asesinato no habrían 23 funcionarios públicos federales coordinándose para llevar a cabo una estrategia de seguridad. Si el padre del joven asesinado fuese un hombre común, sin poder político (con averiguaciones previas abiertas y acusaciones sobre corrupción y otros probables delitos), las autoridades federales no solamente le hubiesen negado la ayuda, sino hubiesen dicho, como dicen de miles de jóvenes pobres y desconocidos que han sido ultimados en pueblos del norte del país, que seguro andaba en malos pasos, o de plano García Luna y Cárdenas Palomino lo habrían tachado como un narco más en su larga lista de muertos acusados falsamente.

Si el hijo de Moreira fuese uno más de esos miles de asesinados de esta guerra, Poiré, el mismísimo secretario de Gobernación, no le hubiera tomado la llamada al padre. Tampoco hubiese sucedido lo que sucedió: horas después de su muerte se conformó un grupo de trabajo con autoridades estatales y federales que se comprometieron a esclarecer los hechos a la brevedad posible, y castigar a los responsables. Si fueran víctimas normales, como nos asegura Moreira, no se habrían reunido en menos de seis horas Victoria Pacheco, la subprocuradora de Control Regional de la PGR, con el General Luis Arturo Oliversen, Jefe del Estado Mayor Presidencial de la Sedena y el Almirante José Santiago Valdés, Jefe del Estado Mayor General de la Armada de México. Y como no es un joven común, sino el hijo de una privilegiada clase política, también llegaron a esa pronta reunión el director general del Cisen Jaime Domingo López (responsable de la Seguridad Nacional), el Comisario de SSPF, Luis Cárdenas Palomino, y el comandante de la novena región militar, el General Noé Sandoval.

Todas las familias de jóvenes desaparecidos, asesinados y asesinadas en México saben que las personas comunes van al Ministerio Público, pero antes rezan para que las autoridades y algunos medios coludidos con ellas no publiquen algún mensaje difamatorio que mande a su familiar asesinado al cajón de los “culpables a priori” en los que la autoridad no desperdicia ni diez minutos porque descarta su derecho como víctima y le somete al juicio sumario post-mortem sin derecho a réplica.

Las y los reporteros de este país hemos escuchado demasiadas historias de familias desgarradas por el asesinato impune de sus hijos como para guardar silencio ahora. Porque sin escatimar el dolor de la pérdida que sufre la familia Moreira y la joven viuda, debo decir que este inmenso y desproporcionado despliegue de los personajes más importantes de la seguridad nacional en tan pocas horas, advierte el futuro que hemos de enfrentar. Todo parece indicar que los favores que el presidente Calderón desde ya hace al PRI no tienen límites, y nos recuerda justamente la razón por la que el país se cae a pedazos en lo concerniente a derechos humanos e impartición de justicia.

Porque las madres y los padres de las cientos de jóvenes asesinadas en Chihuahua siguen suplicado después de diez años, que la autoridad reúna lo que se reunió hoy por la familia Moreira: los elementos técnicos, científicos y humanos de mayor calidad para detener a los culpables de inmediato. Lo mismo las miles de familias que han seguido su viacrucis justiciero con Sicilia.

Esto nos lleva a preguntarnos, si las autoridades tienen esa capacidad de respuesta y prometen esos resultados ¿por qué no funciona con todas las familias? Ya sé que me dirán que porque este es un país de gobernantes corruptos y abusivos y la justicia es para quien puede pagarla. Pero esa no es la respuesta que busco, es simplemente un diagnóstico añejo y certero de las circunstancias; la pregunta es válida, porque si efectivamente es posible trabajar en equipo, juntar a los mejores elementos, llevar a cabo una análisis criminológico de alto nivel y dar con los culpables de quienes en medio de un camino rural balearon a un joven ¿por qué no replicar esa estrategia y sacar al país del marasmo de muerte e impunidad? ¿Por qué incluso en asesinatos de otros políticos no se dio este nivel de respuesta?

He visto a demasiadas familias, ricas, pobres y clasemedieras honestas sentadas en procuradurías y juzgados, llorando, restregándose las manos de ansiedad y angustia, suplicando que la policía vaya a donde asesinaron a su hijo o hija. A padres que me narran llorando cómo llegó antes el Ejército al lugar de los hechos y de inmediato dijeron que dos balazos en la cabeza son símbolo de ejecución y que “muy probablemente” la víctima estaba metida en malos pasos.

No importa cuan corrupto sea un político, los hijos no merecen pagar por los delitos de sus padres. José Eduardo no es la excepción. Se equivocan quienes celebran su muerte como castigo a sus familiares, este país lo que necesita es justicia, no venganzas ni odio. Pero también necesita equidad jurídica. Moreira debería, como todo padre mexicano, esperar respetuosamente detrás del otro padre coahuilense a cuyo hijo asesinaron hace seis meses y a quien el procurador aun no recibe. Entonces si creeríamos que su hijo es otra víctima más de esta guerra. Y debería preguntarse ¿qué condiciones dejó él en el estado para que otros padres sufrieran lo que él experimenta hoy?

@lydiacachosi

 

 


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