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Saltibus, ¿último golpe contra la ciudadanía?

La Venganza

 

Las rutas del Transporte Urbano en Saltillo han perdido eficacia para brindar una transportación adecuada a los Saltillenses, pues hay rutas que tardan en una sola vuelta hasta tres horas porque atraviesan la ciudad de oriente a poniente, como la Ruta 2A, entre muchas otras similares.

Hay rutas distintas que repiten el recorrido haciendo una pequeña variante en alguna colonia o colonias de un mismo sector, como las rutas Zaragoza, Vista, Morelos. Casi todas las rutas pasan por el primer cuadro de la ciudad, haciendo extremadamente lento el tráfico en cualquiera de las vialidades, sobre todo porque la mayoría pasan por tres calles de las más transitadas, Aldama, Pérez Treviño y Allende.

No es fácil omitir la pésima calidad de las unidades, la poca capacitación a los operadores y la opacidad de las autoridades que en conjunto han ocasionado constantemente desgracias fatales a usuarios y ciudadanos sin que haya consecuencia justa y contundente contra los responsables. Es una historia interminable del “estira y afloje” entre Concesionarios y Autoridades municipales, siendo éstos últimos los que ceden ante las presiones de los primeros, pues desde que tengo memoria, siempre han concedido aumentos de tarifas contra la promesa de mejorar las condiciones, y siempre que se conceden los aumentos los concesionarios no cumplen con sus obligaciones argumentando que no les deja suficiente capital.

Ha sido una pesadilla histórica a su vez para la ciudadanía el famoso Plan de Desarrollo Urbano, que simplemente está diseñado para beneficiar la especulación de los bienes inmuebles de algunas familias, de manera que Saltillo ha crecido en desmedida y de forma desordenada, haciendo prácticamente imposible una organización eficaz y adecuada  del transporte público.

Mañana (15 de agosto del 2013) arrancan las Rutas Troncales del proyecto Saltibus, un proyecto que el Alcalde ha impulsado con mucho ánimo y energía a pesar de las críticas de usuarios y grupos ciudadanos. Criticas que van desde viscerales y radicales hasta certeras y objetivas, (algunos colectivos hasta se han dado a la tarea de realizar consultas ciudadanas, supliendo con ello la ineficacia de la autoridad responsable) y a pesar de todo, persiste una implementación tendenciosa y mal estructurada desde su anuncio.

Un proyecto que en la teoría convence, pues se habla de rutas troncales y rutas alimentadoras, unidades de no más de tres años de antigüedad y operadores perfectamente capacitados, incluso se habla de que algún día llegarán unidades climatizadas. Se habla de una Empresa que le brindará prestaciones laborales a los operadores, una tarjeta de prepago que evitaría por sus beneficios el fácil cobro y fomentaría el poco manejo de efectivo tanto de usuarios como de operadores, además de la creación del Instituto Municipal de Transporte, que regularía todo el sistema de transporte haciendo más eficaz el trabajo de las autoridades en el tema. Este sistema de prepago sería un servicio que los concesionarios deberían contratar para el cobro del transporte a los usuarios.

Sin embargo, desde el anuncio del proyecto Saltibus hecho por el alcalde Jericó Abramo en noviembre de 2012, dicho sistema ha cambiado mucho en su implementación, particularmente por las negociaciones que ha tenido el Alcalde con los concesionarios, quienes argumentan que si no hay aumento no es negocio ser concesionario.

Se dio un primer aumento en enero de 2013 incluyendo una Tarifa de Castigo para quienes no contaban con la Tarjeta Saltibus, una tarifa totalmente ilegal e inconstitucional, sin embargo el alcalde defendió a capa y espada hasta con insultos a quienes cuestionamos esa tarifa de castigo; hasta que una accidente ocasiona la muerte de un menor y el alcalde en junta de cabildo, sorpresa y en domingo para que nadie se entere, “reducen” las tarifas y le cambian el nombre a la Tarifa de Castigo por Tarifa en Efectivo, pero esta sigue siendo inconstitucional e ilegal.

El argumento del Instituto Municipal del Transporte de Saltillo, en voz de su director Héctor Gutiérrez Cabello, nos manifestó que los recursos obtenidos por la tarifa de Castigo serían utilizados para la adquisición de las unidades nuevas, las cuales serían administradas por los concesionarios, es decir, los ciudadanos que no cuentan con la tarjeta invertimos en la adquisición de unidades nuevas para que un concesionario hiciera negocio. Ante este cuestionamiento el Ing. Gutiérrez Cabello respondió que de otra forma no sería posible implementar el sistema.

Entonces y hablando de concesiones: se supone que las concesiones se otorgan a particulares para hacer negocio sobre una actividad, es inverosímil que para hacer negocio el concesionario necesite que los usuarios inviertan para que él haga negocio. ¿Qué no debe ser que si no tienes para invertir no hagas negocio? o ¿por qué Jericó Abramo cede ante ese tipo de presión de los concesionarios?

Ahora con la implementación de las Rutas Troncales, el Cabildo entero autoriza un nuevo aumento de tarifas para que estos mismos señores sigan haciendo negocio, sin haber cumplido los compromisos del aumento a inicios de 2013.

Uno de los principales compromisos de los concesionarios fue la capacitación de los operadores o choferes, sin embargo, las capacitaciones que se dieron fueron menos de cien cuando existen más de mil choferes en Saltillo. Muy pocos fueron enviados por los concesionarios, pues eran en horario laboral, según ellos. De manera que no cumplieron con ninguno de sus compromisos, pero eso sí, necesitan más aumento de tarifas porque si no, no hay negocio.

¡Que se retiren y se dediquen a otra cosa! si no es negocio como argumentan.

Este aumento viene a ser un tipo de venganza de Jericó Abramo por las críticas que hacemos quienes él mismo nos llama troles, siendo que somos perfectamente identificables y damos la cara ante las cuestiones de debilidad y de influyentismo que han mostrado Jericó y su cabildo, quienes de manera cobarde y “en lo oscurito” sesionan sin informar la agenda ni la minuta porque preparan otro golpe más a los bolsillos de los ciudadanos.

Ojalá diera la cara el alcalde para responder a nuestros señalamientos, que han sido respetuosos y objetivos, pero se dedica a hacer circo y teatro para que la gente diga que tiene agallas pero no puede darnos la cara a la ciudadanía para explicar estas situaciones y ponerle solución, mucho menos ahora que ya se va.

Solo nos queda esperar que la ciudadanía reaccione, que haya herramientas jurídicas justas y eficaces para dar marcha atrás a este tipo de atropellos y que la nueva administración de Isidro López Villarreal realice una auditoría justa y minuciosa a todo el proyecto Saltibus para que castigue lo que haya que castigar y sobre todo, mejore la implementación corrupta que ha realizado Jericó Abramo y pandilla, cabildo y concesionarios.

 

Luis A. Zavala

Ciudadanos Por Coahuila

 

 

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UNIDOS A NUESTRO COMPAÑERO @GofoAutor

                                                                                 pphuertavera203042013 COMUNICADO DE PRENSA

Saltillo, Coahuila. México. 2 de julio del 2013.

Ciudadanos por Coahuila es un colectivo sustentado en la vida democrática de una República  a la que percibimos como sana. Hemos recibido con desconcierto, y por la naturaleza inherente a la causa de indignación que venimos sosteniendo desde hace dos años, la noticia del retiro al que fue destinado nuestro compañero y amigo el Pbro. Adolfo Huerta Alemán.

Consideramos que lo anterior es consecuencia del plan de desprestigio que emprendió desde hace tiempo el Gobierno del Estado por ser “Gofo” un protagonista de la indignación coahuilense al descubrirse los grandes atracos e injusticias perpetrados por los gobiernos de los hermanos Moreira, y hemos tomado la decisión de solidarizarnos con nuestro hermano Adolfo Huerta Alemán (“Gofo”), ofreciendo todo el apoyo y ayuda necesaria, respetando la decisión tomada por Fr. Raúl Vera López,  pero esperando que ésta sea la mejor medida para que la sociedad saltillense pueda continuar con su despertar hacia una exigencia para obtener un buen gobierno. Indiscutiblemente en tenor de lo anterior consideramos de muy baja moral la campaña emprendida por algunos medios “visibles” desde meses atrás con notas amarillistas carentes de verdad y que han tenido toda la intención de afectar la reputación de nuestro amigo “Gofo”.

Dadas las circunstancias y los problemas de seguridad que vive Coahuila, -muchos ejecutados durante la Administración de Rubén Moreira- nos es necesario enfatizar nuestra preocupación por la integridad física del Padre Gofo, pues este gobierno ha demostrado no tener escrúpulos para atacar a quienes les han cuestionado.

Intentaremos tener un acercamiento a Fr. Raúl Vera, y ofrecerle nuestro refrendo solidario para que se impulse una investigación que permita dar solución a estos problemas causados por un Gobierno intolerante, capaz de adoptar una actitud agresiva en contra de la ciudadanía que cuestiona, critica y propone, y que orquesta por si fuera poco, una Campaña de Desprestigio hacia un Sacerdote Católico comprometido con las causas justas de la sociedad, que se manifiesta en la búsqueda de la Verdad y la Justicia en nuestro lastimado Estado.

Esperamos  que las decisiones que se tomen al respecto sean congruentes con la demanda de Justicia y Equidad,  mantendremos  las puertas de nuestro colectivo, nuestras casas y nuestras familias abiertas al Padre Gofo, que estamos seguros indiscutiblemente sabemos no se rendirá. , pues de entrada Nos oponemos a cualquier intento inconstitucional de vulnerar el derecho inalienable de cualquier ser humano a expresar su opinión y pensamiento.

 

Ciudadanos Por Coahuila

Apartidistas, Y sin intereses de poder.

TW: @CiudadanosxCoah

FB: http://www.facebook.com/ciudadanosxcoahuila

 

 

 


La Ilegalidad del Saltibus, engaño y atraco a la ciudadanía

Este martes 23 de enero de 2013 representantes de los colectivos Alianza Cívica, A.C. Consejo Ciudadano Permanente, Colegio de Ciencias Jurídicas y Forenses de Coahuila, A. C. y Ciudadanos Por Coahuila acudimos a Palacio Municipal a entregar un escrito dirigido al Alcalde como Presidente del Cabildo de Saltillo para exponer nuestra postura ante la ilegalidad e inconstitucionalidad del proyecto Saltibus, tal como lo implementaron. Además en el mismo escrito entregamos algunas propuestas para darle una solución inmediata privilegiando a la ciudadanía y a los usuarios del Transporte Público en Saltillo.

No estamos contra la Modernidad en nuestra ciudad, sin embargo la “modernidad” que ha impuesto la presenta Administración municipal, tal como las últimas dos administraciones de Coahuila, han establecido estrategias de muy baja calidad para una ciudad como Saltillo y sin una planeación y consulta ciudadana adecuada. 

El escrito entregado dice lo siguiente:

 

SALTILLO COAHUILA, a 23 DE ENERO DE 2013.

 

 

C. JERICO ABRAMO MASSO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO

H. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO:

A LA OPINION PÚBLICA:

 

Por décadas, uno de los principales problemas de los habitantes lo constituye el deficiente e inseguro servicio de Transporte Urbano Público, en el que nos movemos más de 400,000 pasajeros de la zona conurbada de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, desde empleados, profesionistas, comerciantes, burócratas, trabajadores, amas de casa, pensionados y estudiantes, situación que al presentar graves deficiencias, reitera la necesidad siempre desatendida del mejoramiento del sistema de transporte.

 

Los Ayuntamientos están obligados por ley a atender en forma prioritaria y en beneficio de los habitantes de la región sureste, el Servicio del Transporte Público de Pasajeros del Municipio y para que sea de calidad y económico, se debe respetar lo dispuesto en la Constitución y la Ley del Transporte.

 

La legislación vigente establece que los programas y actividades que se realicen dentro de los planes y programas de desarrollo por la Autoridad Municipal, en beneficio de los usuarios del transporte Urbano, deben ser sometidos a la consulta de los usuarios y de los sectores involucrados, empresarios, transportistas, sindicatos, y organismos de la sociedad civil, haciendo uso de los diversos instrumentos que la legislación señala como la consulta popular, la audiencia pública, y el plebiscito, para que se puedan emitir puntos de vista que contribuyan a enriquecer las acciones y determinaciones que se tomen por la Autoridad.

 

Nos debe quedar claro a todos, en particular a las Autoridades Municipales que en un programa de modernización del Transporte público Urbano, deben apegarse estrictamente a las disposiciones legales, incluyendo la transparencia y rendición de cuentas, que permite que todos los involucrados, tengan conocimiento de los objetivos y avances que se obtengan en el proceso no solo de implementación sino en el cumplimiento de los procedimientos, los recursos de que se dispondrán y las metas a obtener.

 

Tenemos evidencias inmediatas y mediatas que el incumplimiento de la ley, ha generado en varias ocasiones a nivel municipal y estatal, endeudamientos indebidos que se cargan a las finanzas públicas, con consecuencias graves para el cumplimiento de las otras tareas gubernamentales.

 

Algunas voces han alertado de la inconveniencia de que se ignore que el problema del transporte público, tiene que verse en una dimensión de mayor calado, es decir, atender el problema intermunicipal o metropolitano, como se atiende en la mayoría de las zonas conurbadas del país, y como lo ha reconocido el titular del Ejecutivo del Estado.

 

En el proyecto de modernización del Transporte Urbano denominado SALTIBUS, se advierte en primer lugar, cortedad de miras al no permitir la participación de los otros alcaldes y actores, olvidando incluso que al ser una propuesta del alcalde según sus palabras, se desconoce la opinión del Cabildo que es en quien descansa en primer término la responsabilidad de gobierno, no en el Presidente Municipal, quien es en todo caso el ejecutor de las decisiones de Aquel, así tenemos que:

 

1.- Se desconoce por la opinión publica el tipo de empresa que será constituida, si será una empresa privada, social o paramunicipal, el papel del Municipio, los 650 concesionarios organizados en sindicatos de patrones, los choferes y los usuarios y ni como se constituirá el Fideicomiso. No se ha difundido si ahora sí, se efectuarán los concursos para obtener las concesiones de transporte o como se otorgaran éstas

 

2.- Se ignora cómo se constituirá el anunciado Instituto Municipal del Transporte, ni si será o tendrá un órgano consultivo ciudadano que participe en el mismo.

 

3.- No se conoce públicamente aún el mapa de las rutas troncales y alimentadoras que constituyen el Sistema de Transporte Urbano SALTIBUS que se anuncia, o si se basará en las líneas existentes. Así como en qué medida se mejoraran la seguridad de las unidades, los itinerarios, los horarios, la conducta de los choferes, etc.

 

4.- El Alcalde anunció en septiembre que habría nuevas unidades de transporte para diciembre de 2012, iniciando operaciones un nuevo sistema de transporte denominado SALTIBUS con una nueva tarifa general de $6.50 a partir del 7 de enero de 2013; el nuevo sistema no se implementó ni siquiera parcialmente, pero sí se aplicaron indebidamente las nuevas tarifas con el agravante de cobrar al usuario 2 pesos como recargo , continuando las mismas unidades de transporte, que ante el rechazo general y la deficiencia en la entrega de tarjetas de prepago tuvo que suspenderse el recargo de los dos pesos hasta finales de este mes de enero y difiriendo la incorporación de nuevas unidades hasta mayo del 2013.

 

5. Por lo anterior, afirmamos que es ilegal e inconstitucional, que, sin una convocatoria previa, sin una amplia difusión en los medios de comunicación; y, aún si se hubiese hecho, los usuarios del transporte público deban pagar 2 pesos de “castigo”, “recargo” o “multa”, por no contar con la tarjeta o credencial del Saltibús. De acuerdo a la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, y a todos los criterios que la Corte ha emitido en materia de tributación, en este caso, del pago de derechos por un servicio público municipal; ninguna Autoridad debe cobrar un derecho o una cantidad de dinero por el mismo concepto, sin bases ni fundamentos y con estricto apego a la legislación vigente. Esto es, los dos pesos adicionales para los que abordan unidades del transporte, no pueden cobrarse bajo concepto de “recargo”, pues no se trata de una prestación o servicio de tipo contractual, donde se pueden plasmar sanciones o recargos por algún incumplimiento. El servicio de transporte funciona bajo un sistema de tarifas fijas, por ende, permitir a los concesionarios cobrar dos tarifas distintas, los coloca ante el hecho de que la tarifa aumentada por no traer la tarjeta, es ilegal y arbitraria y carece de todo fundamento legal previo.

6.- Además, obligar a los usuarios a adquirir una tarjeta con un costo de 15 pesos debe tener un fundamento legal, previo y claro, y, hasta donde se sabe no es así. Pero, suponiendo sin conceder que exista tal fundamento, de todas formas el Municipio comete una violación grave en materia de derechos: Está cobrando de forma anticipada por un servicio que no está dando, que no está debidamente conformado (El Saltibús como empresa), y que no están gozando los usuarios, esto es, la unidades nuevas. El alcalde, anunció en medios que en mayo llegaban las unidades del Saltibús. ¿Entonces por qué deben comprar las tarjetas desde ahorita? La Corte señala que nadie puede cobrar de forma anticipada por un servicio, producto o derecho que no está gozando el contribuyente. Esto es, los ciudadanos,  ya, desde ahorita, debieron erogar 15 pesos, por el “derecho” a subirse a unidades nuevas. Pero no es así, son las mismas.

Lo correcto es, que la tarjeta se les entregara a los usuarios, advirtiéndoles que en mayo deberían cubrir el costo correspondiente para activarlas. O bien, entregar de forma paulatina éstas durante mayo, cuando ya circularan las supuestas unidades nuevas.

RESUMEN: Es ilegal e inconstitucional el pagar los dos pesos de “castigo”, multa o recargo. Igualmente ilegal e inconstitucional, obligar a las personas a adquirir de forma anticipada las tarjetas por un servicio que aún no están gozando (las unidades nuevas).

 

7.- El cobro de las tarjetas de prepago sin la existencia de la empresa y/o del fideicomiso, que maneje los recursos en favor del PROYECTO SALTIBUS , donde se depositen y manejen los recursos obtenidos para las finalidades del mismo, así como sin encontrarse funcionando el nuevo sistema de transporte municipal, evidencian un manejo desaseado del Ayuntamiento, de los recursos depositados de buena fe por los usuarios, siendo un engaño a los mismos, así como la posible comisión de delitos tipificados en el Código Penal. El ilegal cobro de recargos, multas o castigos de “$2.00”, por servicios aun no prestados, pueden generar demandas por los actos indebidos de la Autoridad y desconfianza de su actuación ilícita.

 

 

Por lo señalado, hacemos la siguiente propuesta:

 

1.- Suspender el pago de tarjetas de prepago, hasta que el sistema esté operando con las nuevas unidades de transporte comprometidas para evitar que el Alcalde, los Regidores y Síndicos sigan cometiendo ilegalidades, faltas administrativas y posibles delitos del que puedan ser acusados por los ciudadanos.

 

2.- Establecer taxímetros y sistema de tarifas en las unidades de sitios fijos y de recorridos continuos.

 

3.- Garantizar la constitución transparente de la empresa y/o del Fideicomiso y el Instituto Municipal del Transporte, en el que se garantice la transparencia y rendición de cuentas de los recursos, para no desnaturalizar el objetivo, y pudieran beneficiarse exclusivamente los concesionarios actuales.

 

4.– Se establezca en los documentos estatutarios, la apertura para que en el futuro, la empresa u órgano constituido pueda transformarse en un ente de carácter intermunicipal o metropolitano.

 

EXHORTAMOS LA VOLUNTAD GUBERNAMENTAL DE CUMPLIR CON LA LEY QUE SEÑALA LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICACIA EN EL EJERCICIO DE SU ENCARGO.

 

 

ATENTAMENTE

 

 

 

POR EL RESPETO A LA LEGALIDAD, LA JUSTICIA Y LA DIGNIDAD DE LOS USUARIOS

DEL TRANSPORTE URBANO”

 

 

 

CONCEJO CIUDADANO PERMANENTE CIUDADANOS POR COAHUILA

 

 

 

ALIANZA CIVICA COAHUILA COLEGIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y FORENSES

 

 

 

 

 

 

 

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SE FORMARÁ EJÉRCITO PARA PROTEGER EL VOTO CIUDADANO

Claridad y Participación Ciudadana convocó a organizaciones civiles y diferentes grupos políticos en el estado para firmar el “Compromiso en defensa del voto ciudadano” que tiene como objetivo combatir las anomalías características del PRI-Gobierno el día de la elección.

Claridad y Participación Ciudadana convocó a diferentes instituciones con miras a participar de manera conjunta en la defensa del voto con el único objetivo de fortalecer la democracia, ya que este elemento es vital para el desarrollo nacional.

Armando Guadiana Tijerina, Consejero y Fundador del organismo explicó que se tomarán las medidas necesarias, tales como un “ejército de observadores2 o “ejército de paz” para denunciar actos ilegales el día de la elección en las principales ciudades del estado.

Además sostuvo que se firma este compromiso en bloque en contra de las anomalías del PRI, porque no es posible que a través del Gobierno Estatal promocionen el voto con dádivas, programas sociales o peor aún que retengan credenciales de elector o compren el voto.

Ante las anomalías que el PRI-Gobierno ha manejado por años, se firma este documento de protección a la voluntad ciudadana, el cual fue firmado por Bernardo González, Secretario General del PAN Coahuila, Virgilio Maltos, Presidente Estatal del PT, Rosario Anguiano, Representante de Movimiento Ciudadano ante el IFE,  Mario Robles, Presidente Estatal del PRD, Paloma de los Santos, Representante de UDC y Armando Guadiana de Claridad y Participación Ciudadana, A.C.

Los firmantes coincidieron con la postura de la asociación, ya que vigilar el voto es muy importante, porque los acostumbrados actos de corrupción del PRI el día de las elecciones ha afectado siempre la decisión del electorado, razón por la que sin importar ideología política aprobaron este compromiso ciudadano.

AQUÍ LA LECTURA DEL DOCUMENTO:


VALIDA JUEZ DERECHO CIUDADANO PARA AMPARARSE CONTRA LA DEUDA DE COAHUILA

El Juez Primero de Distrito reconoció el derecho de los ciudadanos de Coahuila a oponerse legalmente al pago de la megadeuda contraída de forma fraudulenta durante el sexenio del priista Humberto Moreira.

Al resolver un juicio de amparo promovido por el abogado Reyes Flores Hurtado, el Juez José Daniel Nogueira Ruiz resolvió que es válido el argumento presentado por el quejoso con base en la fracción IV del artículo 17 de la Constitución local, que concede el derecho a rehusar el pago de todo préstamo o contribución que no esté decretado legalmente.

Flores Hurtado indicó que la resolución implicará la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda oponerse legalmente al pago de la deuda de casi 36 mil millones de pesos, heredada por la pasada administración, toda vez que una buena cantidad se obtuvo a través de documentos falsos, es decir, de forma ilegal.

“¿Cuál es la trascendencia que tiene? Que una vez que se determine que existe la garantía, cualquier ciudadano se puede oponer ahorita, mañana, o en seis meses o en un año.

“Es un tema muy interesante que puede desencadenar movimientos fuertes en torno a una deuda que el Gobierno en apariencia se está frotando las manos en el sentido de que quedó firme y que es legal, abre la posibilidad de que esto camine por esa vía”, expresó.

Flores Hurtado presentó en noviembre de 2011 un oficio ante el despacho del entonces Gobernador Jorge Torres López para manifestar su rechazo al pago de la deuda y a su vez solicitar que se le informe el modo en que el Estado garantizaría el cumplimiento de la garantía otorgada por el artículo 17 de la Constitución local.

En respuesta, Sergio Antonio Almaguer Beltrán, entonces Subsecretario de Asuntos Jurídicos, señaló que el derecho de oposición invocado no forma parte de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución federal o local, por lo que su alcance no está determinado por la legislación vigente.

Sin embargo, el artículo 17 incluye esta potestad para los ciudadanos en adición a los derechos concedidos en el capítulo I de la Constitución General, los cuales se conocen como las garantías individuales.

Reyes Hurtado promovió el amparo que cuya resolución le será notificada formalmente esta tarde.

Incluso, el juez ordena al Estado que le haga saber el motivo por lo que dicho derecho de oposición establecido en la Constitución no forma parte de los derechos fundamentales reconocidos.

El abogado dijo en entrevista que la resolución también permitirá destrabar otros amparos en los que los jueces argumentan que los ciudadanos no tienen interés jurídico para combatir los decretos 534 y 536 aprobados el año pasado por el Congreso para autorizar el re financiamiento de la deuda.

“Los amparos de los primeros decretos se están desechando bajo el criterio de que el ciudadano no tiene derecho”, expresó, “si hay un amparo que interpreta el 17 y el artículo 17 dice que constituye una garantía del ciudadano, entonces, en consecuencia ya la legitimación ya no está sujeta a discusión en cuanto a los amparos contra los decretos de deuda.

“Es un criterio que tendrá que asumir la Corte porque es la que va a decidir en términos generales la legitimación”.

Flores Hurtado reconoció que el Gobierno del Estado aún tiene posibilidades de solicitar la revisión del juicio de amparo o buscar mecanismos para oponerse al cumplimiento de la garantía otorgada por la Constitución.

Texto: Lorenzo Cárdenas (El Norte)


ATRAE CORTE DOS AMPAROS CONTRA MOREIRAZO

Rueda de Prensa

Saltillo,  México (4 junio 2012).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo dos amparos contra la aprobación de los decretos 534 y 536 aprobados por el Congreso del Estado para el refinanciamiento de la megadeuda adquirida durante la administración del priista Humberto Moreira.

Reyes Flores Hurtado, abogado y promotor de los amparos, indicó que se trata de dos casos que fueron juzgados por el Juzgado Segundo de Distrito que carecen de personalidades jurídicas para ampararse contra la aprobación de la deuda.

El abogado confió en que la Corte validará su personalidad jurídica y resolverá de fondo la presunta inconstitucionalidad de los decretos que permitieron refinanciar los pasivos de Coahuila, que actualmente ascienden a 36 mil millones de pesos.

Los amparos atraídos por la Corte son los radicados bajo los números 1047-2011 y 999-2011 promovidos por el propio Reyes Hurtado.

Hasta el momento sólo uno de ellos ha sido asignado bajo el número 248 2012 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


INDIGNADOS SOLICITAN A SENADORES SE LLAME A DECLARAR A MOREIRA

Durante reunión con bancada panista

El Pasado miércoles 30 de mayo del 2012, integrantes del Movimiento Ciudadanos por Coahuila estuvimos en la nueva sede del Senado en el Distrito Federal. Allí sostuvimos un encuentro con miembros de la bancada panista de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, quienes nos recibieron con mucho agrado e interés. El Diputado por Coahuila Jesús Ramírez Rangel fue quien intercedió para que la voz ciudadana de Coahuila tuviera acceso a la Cámara.

Durante la reunión se les solicitó a los representantes allí presentes una intervención oportuna y la decisión de llegar hasta el fondo en este tema que nos afecta a los coahuilenses. Consideramos que a la voluntad política hay que agregar la voluntad administrativa y la legal, para que se pueda esclarecer este fraude y sobre todo, deje el Estado de Coahuila de estar pagando una deuda que no le corresponde liquidar.

Miembros de CxC durante la rueda de prensa en el Senado.

PRONUNCIAMIENTO:

México, Distrito Federal. 30 de mayo 2012.

A los miembros de: la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En virtud de la afectación que el tema del Moreirazo significa para la vida económica, social, cultural y política en el Estado de Coahuila, se hace inminente que su compromiso republicano se proyecte en una acción conjunta y que sea en beneficio de la población de un Estado sumergido en la inexactitud jurídica.

 Ciudadanos por Coahuila somos un grupo apartidista y sin intereses en el poder, comprometidos en la construcción -desde la ciudadanía- de un México transparente, plural, democrático, respetuoso, lleno de certeza y libertad.

Nos pronunciamos de la manera más formal y categórica, para que Ustedes actúen como dignos representantes del pueblo mexicano ante la ominosa situación que vivimos en Coahuila: Exigimos rendición de cuentas; Conocer peso a peso el destino del dinero adquirido en una deuda fraudulenta; La creación de una comisión especial, expedita e imparcial para la investigación a fondo del Moreirazo, y que se llame a declarar y se investigue a los Ex Gobernadores Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres López, quienes al ser cabeza del Poder Ejecutivo  permitieron por negligencia u omisión la gestación de un mega fraude que cimbra la vida de generaciones venideras.

En Coahuila no descartamos que los antes mencionados fueron autores intelectuales y beneficiarios en el mega fraude, por lo cual no es posible evadan su responsabilidad. Que se incluya en la investigación a los miembros dela Quincuagésimaoctava yla Quincuagésimanovena Legislaturas y demás servidores y funcionarios públicos que pudieran estar implicados en las comisiones por complicidad y engaño hacia los coahuilenses quienes hemos sido vulnerados.

Al no ser éste un tema solo regional sino al parecer un virus que se esparce hacia otras entidades federativas, los invitamos a que apuesten por imponer penas severas a funcionarios involucrados en acciones ilegales, pero incluyendo sanciones a los Ejecutivos por negligencia, sin exclusión de ningún personaje por costo político que representare.

Exponemos nuestra profunda preocupación de que ex legisladores estatales busquen ahora un escaño como Diputados Federales o Senadores, alegando inocencia y desconocimiento de las irregularidades cometidas en la contratación de créditos.

Solicitamos a los Legisladores Federales que busquen aplicar los candados necesarios para la futura adquisición de deuda pública, impidiendo con ello que vuelvan a suceder atentados contra la integridad económica de ningún pueblo.

Eviten a toda costa ser cómplices de un delito que no debe quedar impune, pues el abuso de confianza es equiparable al poder del cual abusan los que pretenden apoderarse de la vida política de un Estado imponiendo a su familia para garante de tropelías y estafas endosadas en su pago a una población que se torna más vulnerable ante la imposibilidad de contar con un sistema gubernamental que garantice el acceso ala InformaciónPública, en abierta violación a nuestros derechos constitucionales y a nuestro privilegios como contribuyentes.

Es momento de apostar por México, anteponiendo el bienestar ciudadano a cualquier costo político.

AUDIO DE LA RUEDA DE PRENSA:


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