La Ilegalidad del Saltibus, engaño y atraco a la ciudadanía

Este martes 23 de enero de 2013 representantes de los colectivos Alianza Cívica, A.C. Consejo Ciudadano Permanente, Colegio de Ciencias Jurídicas y Forenses de Coahuila, A. C. y Ciudadanos Por Coahuila acudimos a Palacio Municipal a entregar un escrito dirigido al Alcalde como Presidente del Cabildo de Saltillo para exponer nuestra postura ante la ilegalidad e inconstitucionalidad del proyecto Saltibus, tal como lo implementaron. Además en el mismo escrito entregamos algunas propuestas para darle una solución inmediata privilegiando a la ciudadanía y a los usuarios del Transporte Público en Saltillo.

No estamos contra la Modernidad en nuestra ciudad, sin embargo la “modernidad” que ha impuesto la presenta Administración municipal, tal como las últimas dos administraciones de Coahuila, han establecido estrategias de muy baja calidad para una ciudad como Saltillo y sin una planeación y consulta ciudadana adecuada. 

El escrito entregado dice lo siguiente:

 

SALTILLO COAHUILA, a 23 DE ENERO DE 2013.

 

 

C. JERICO ABRAMO MASSO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO

H. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO:

A LA OPINION PÚBLICA:

 

Por décadas, uno de los principales problemas de los habitantes lo constituye el deficiente e inseguro servicio de Transporte Urbano Público, en el que nos movemos más de 400,000 pasajeros de la zona conurbada de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, desde empleados, profesionistas, comerciantes, burócratas, trabajadores, amas de casa, pensionados y estudiantes, situación que al presentar graves deficiencias, reitera la necesidad siempre desatendida del mejoramiento del sistema de transporte.

 

Los Ayuntamientos están obligados por ley a atender en forma prioritaria y en beneficio de los habitantes de la región sureste, el Servicio del Transporte Público de Pasajeros del Municipio y para que sea de calidad y económico, se debe respetar lo dispuesto en la Constitución y la Ley del Transporte.

 

La legislación vigente establece que los programas y actividades que se realicen dentro de los planes y programas de desarrollo por la Autoridad Municipal, en beneficio de los usuarios del transporte Urbano, deben ser sometidos a la consulta de los usuarios y de los sectores involucrados, empresarios, transportistas, sindicatos, y organismos de la sociedad civil, haciendo uso de los diversos instrumentos que la legislación señala como la consulta popular, la audiencia pública, y el plebiscito, para que se puedan emitir puntos de vista que contribuyan a enriquecer las acciones y determinaciones que se tomen por la Autoridad.

 

Nos debe quedar claro a todos, en particular a las Autoridades Municipales que en un programa de modernización del Transporte público Urbano, deben apegarse estrictamente a las disposiciones legales, incluyendo la transparencia y rendición de cuentas, que permite que todos los involucrados, tengan conocimiento de los objetivos y avances que se obtengan en el proceso no solo de implementación sino en el cumplimiento de los procedimientos, los recursos de que se dispondrán y las metas a obtener.

 

Tenemos evidencias inmediatas y mediatas que el incumplimiento de la ley, ha generado en varias ocasiones a nivel municipal y estatal, endeudamientos indebidos que se cargan a las finanzas públicas, con consecuencias graves para el cumplimiento de las otras tareas gubernamentales.

 

Algunas voces han alertado de la inconveniencia de que se ignore que el problema del transporte público, tiene que verse en una dimensión de mayor calado, es decir, atender el problema intermunicipal o metropolitano, como se atiende en la mayoría de las zonas conurbadas del país, y como lo ha reconocido el titular del Ejecutivo del Estado.

 

En el proyecto de modernización del Transporte Urbano denominado SALTIBUS, se advierte en primer lugar, cortedad de miras al no permitir la participación de los otros alcaldes y actores, olvidando incluso que al ser una propuesta del alcalde según sus palabras, se desconoce la opinión del Cabildo que es en quien descansa en primer término la responsabilidad de gobierno, no en el Presidente Municipal, quien es en todo caso el ejecutor de las decisiones de Aquel, así tenemos que:

 

1.- Se desconoce por la opinión publica el tipo de empresa que será constituida, si será una empresa privada, social o paramunicipal, el papel del Municipio, los 650 concesionarios organizados en sindicatos de patrones, los choferes y los usuarios y ni como se constituirá el Fideicomiso. No se ha difundido si ahora sí, se efectuarán los concursos para obtener las concesiones de transporte o como se otorgaran éstas

 

2.- Se ignora cómo se constituirá el anunciado Instituto Municipal del Transporte, ni si será o tendrá un órgano consultivo ciudadano que participe en el mismo.

 

3.- No se conoce públicamente aún el mapa de las rutas troncales y alimentadoras que constituyen el Sistema de Transporte Urbano SALTIBUS que se anuncia, o si se basará en las líneas existentes. Así como en qué medida se mejoraran la seguridad de las unidades, los itinerarios, los horarios, la conducta de los choferes, etc.

 

4.- El Alcalde anunció en septiembre que habría nuevas unidades de transporte para diciembre de 2012, iniciando operaciones un nuevo sistema de transporte denominado SALTIBUS con una nueva tarifa general de $6.50 a partir del 7 de enero de 2013; el nuevo sistema no se implementó ni siquiera parcialmente, pero sí se aplicaron indebidamente las nuevas tarifas con el agravante de cobrar al usuario 2 pesos como recargo , continuando las mismas unidades de transporte, que ante el rechazo general y la deficiencia en la entrega de tarjetas de prepago tuvo que suspenderse el recargo de los dos pesos hasta finales de este mes de enero y difiriendo la incorporación de nuevas unidades hasta mayo del 2013.

 

5. Por lo anterior, afirmamos que es ilegal e inconstitucional, que, sin una convocatoria previa, sin una amplia difusión en los medios de comunicación; y, aún si se hubiese hecho, los usuarios del transporte público deban pagar 2 pesos de “castigo”, “recargo” o “multa”, por no contar con la tarjeta o credencial del Saltibús. De acuerdo a la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, y a todos los criterios que la Corte ha emitido en materia de tributación, en este caso, del pago de derechos por un servicio público municipal; ninguna Autoridad debe cobrar un derecho o una cantidad de dinero por el mismo concepto, sin bases ni fundamentos y con estricto apego a la legislación vigente. Esto es, los dos pesos adicionales para los que abordan unidades del transporte, no pueden cobrarse bajo concepto de “recargo”, pues no se trata de una prestación o servicio de tipo contractual, donde se pueden plasmar sanciones o recargos por algún incumplimiento. El servicio de transporte funciona bajo un sistema de tarifas fijas, por ende, permitir a los concesionarios cobrar dos tarifas distintas, los coloca ante el hecho de que la tarifa aumentada por no traer la tarjeta, es ilegal y arbitraria y carece de todo fundamento legal previo.

6.- Además, obligar a los usuarios a adquirir una tarjeta con un costo de 15 pesos debe tener un fundamento legal, previo y claro, y, hasta donde se sabe no es así. Pero, suponiendo sin conceder que exista tal fundamento, de todas formas el Municipio comete una violación grave en materia de derechos: Está cobrando de forma anticipada por un servicio que no está dando, que no está debidamente conformado (El Saltibús como empresa), y que no están gozando los usuarios, esto es, la unidades nuevas. El alcalde, anunció en medios que en mayo llegaban las unidades del Saltibús. ¿Entonces por qué deben comprar las tarjetas desde ahorita? La Corte señala que nadie puede cobrar de forma anticipada por un servicio, producto o derecho que no está gozando el contribuyente. Esto es, los ciudadanos,  ya, desde ahorita, debieron erogar 15 pesos, por el “derecho” a subirse a unidades nuevas. Pero no es así, son las mismas.

Lo correcto es, que la tarjeta se les entregara a los usuarios, advirtiéndoles que en mayo deberían cubrir el costo correspondiente para activarlas. O bien, entregar de forma paulatina éstas durante mayo, cuando ya circularan las supuestas unidades nuevas.

RESUMEN: Es ilegal e inconstitucional el pagar los dos pesos de “castigo”, multa o recargo. Igualmente ilegal e inconstitucional, obligar a las personas a adquirir de forma anticipada las tarjetas por un servicio que aún no están gozando (las unidades nuevas).

 

7.- El cobro de las tarjetas de prepago sin la existencia de la empresa y/o del fideicomiso, que maneje los recursos en favor del PROYECTO SALTIBUS , donde se depositen y manejen los recursos obtenidos para las finalidades del mismo, así como sin encontrarse funcionando el nuevo sistema de transporte municipal, evidencian un manejo desaseado del Ayuntamiento, de los recursos depositados de buena fe por los usuarios, siendo un engaño a los mismos, así como la posible comisión de delitos tipificados en el Código Penal. El ilegal cobro de recargos, multas o castigos de “$2.00”, por servicios aun no prestados, pueden generar demandas por los actos indebidos de la Autoridad y desconfianza de su actuación ilícita.

 

 

Por lo señalado, hacemos la siguiente propuesta:

 

1.- Suspender el pago de tarjetas de prepago, hasta que el sistema esté operando con las nuevas unidades de transporte comprometidas para evitar que el Alcalde, los Regidores y Síndicos sigan cometiendo ilegalidades, faltas administrativas y posibles delitos del que puedan ser acusados por los ciudadanos.

 

2.- Establecer taxímetros y sistema de tarifas en las unidades de sitios fijos y de recorridos continuos.

 

3.- Garantizar la constitución transparente de la empresa y/o del Fideicomiso y el Instituto Municipal del Transporte, en el que se garantice la transparencia y rendición de cuentas de los recursos, para no desnaturalizar el objetivo, y pudieran beneficiarse exclusivamente los concesionarios actuales.

 

4.– Se establezca en los documentos estatutarios, la apertura para que en el futuro, la empresa u órgano constituido pueda transformarse en un ente de carácter intermunicipal o metropolitano.

 

EXHORTAMOS LA VOLUNTAD GUBERNAMENTAL DE CUMPLIR CON LA LEY QUE SEÑALA LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICACIA EN EL EJERCICIO DE SU ENCARGO.

 

 

ATENTAMENTE

 

 

 

POR EL RESPETO A LA LEGALIDAD, LA JUSTICIA Y LA DIGNIDAD DE LOS USUARIOS

DEL TRANSPORTE URBANO”

 

 

 

CONCEJO CIUDADANO PERMANENTE CIUDADANOS POR COAHUILA

 

 

 

ALIANZA CIVICA COAHUILA COLEGIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y FORENSES

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen

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One response to “La Ilegalidad del Saltibus, engaño y atraco a la ciudadanía

  • Un tal edgarOE... (@edgaroe)

    Se informó que algunas personas pudieron acceder y platicar con el alcalde de la ciudad, sería interesante leer algún artículo en donde se nos relate la postura del alcalde al tener en sus manos y dar lectura a dicho documento, y cuál fue su experiencia de dicho encuentro, saludos

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