Saltibus, ¿último golpe contra la ciudadanía?

La Venganza

 

Las rutas del Transporte Urbano en Saltillo han perdido eficacia para brindar una transportación adecuada a los Saltillenses, pues hay rutas que tardan en una sola vuelta hasta tres horas porque atraviesan la ciudad de oriente a poniente, como la Ruta 2A, entre muchas otras similares.

Hay rutas distintas que repiten el recorrido haciendo una pequeña variante en alguna colonia o colonias de un mismo sector, como las rutas Zaragoza, Vista, Morelos. Casi todas las rutas pasan por el primer cuadro de la ciudad, haciendo extremadamente lento el tráfico en cualquiera de las vialidades, sobre todo porque la mayoría pasan por tres calles de las más transitadas, Aldama, Pérez Treviño y Allende.

No es fácil omitir la pésima calidad de las unidades, la poca capacitación a los operadores y la opacidad de las autoridades que en conjunto han ocasionado constantemente desgracias fatales a usuarios y ciudadanos sin que haya consecuencia justa y contundente contra los responsables. Es una historia interminable del “estira y afloje” entre Concesionarios y Autoridades municipales, siendo éstos últimos los que ceden ante las presiones de los primeros, pues desde que tengo memoria, siempre han concedido aumentos de tarifas contra la promesa de mejorar las condiciones, y siempre que se conceden los aumentos los concesionarios no cumplen con sus obligaciones argumentando que no les deja suficiente capital.

Ha sido una pesadilla histórica a su vez para la ciudadanía el famoso Plan de Desarrollo Urbano, que simplemente está diseñado para beneficiar la especulación de los bienes inmuebles de algunas familias, de manera que Saltillo ha crecido en desmedida y de forma desordenada, haciendo prácticamente imposible una organización eficaz y adecuada  del transporte público.

Mañana (15 de agosto del 2013) arrancan las Rutas Troncales del proyecto Saltibus, un proyecto que el Alcalde ha impulsado con mucho ánimo y energía a pesar de las críticas de usuarios y grupos ciudadanos. Criticas que van desde viscerales y radicales hasta certeras y objetivas, (algunos colectivos hasta se han dado a la tarea de realizar consultas ciudadanas, supliendo con ello la ineficacia de la autoridad responsable) y a pesar de todo, persiste una implementación tendenciosa y mal estructurada desde su anuncio.

Un proyecto que en la teoría convence, pues se habla de rutas troncales y rutas alimentadoras, unidades de no más de tres años de antigüedad y operadores perfectamente capacitados, incluso se habla de que algún día llegarán unidades climatizadas. Se habla de una Empresa que le brindará prestaciones laborales a los operadores, una tarjeta de prepago que evitaría por sus beneficios el fácil cobro y fomentaría el poco manejo de efectivo tanto de usuarios como de operadores, además de la creación del Instituto Municipal de Transporte, que regularía todo el sistema de transporte haciendo más eficaz el trabajo de las autoridades en el tema. Este sistema de prepago sería un servicio que los concesionarios deberían contratar para el cobro del transporte a los usuarios.

Sin embargo, desde el anuncio del proyecto Saltibus hecho por el alcalde Jericó Abramo en noviembre de 2012, dicho sistema ha cambiado mucho en su implementación, particularmente por las negociaciones que ha tenido el Alcalde con los concesionarios, quienes argumentan que si no hay aumento no es negocio ser concesionario.

Se dio un primer aumento en enero de 2013 incluyendo una Tarifa de Castigo para quienes no contaban con la Tarjeta Saltibus, una tarifa totalmente ilegal e inconstitucional, sin embargo el alcalde defendió a capa y espada hasta con insultos a quienes cuestionamos esa tarifa de castigo; hasta que una accidente ocasiona la muerte de un menor y el alcalde en junta de cabildo, sorpresa y en domingo para que nadie se entere, “reducen” las tarifas y le cambian el nombre a la Tarifa de Castigo por Tarifa en Efectivo, pero esta sigue siendo inconstitucional e ilegal.

El argumento del Instituto Municipal del Transporte de Saltillo, en voz de su director Héctor Gutiérrez Cabello, nos manifestó que los recursos obtenidos por la tarifa de Castigo serían utilizados para la adquisición de las unidades nuevas, las cuales serían administradas por los concesionarios, es decir, los ciudadanos que no cuentan con la tarjeta invertimos en la adquisición de unidades nuevas para que un concesionario hiciera negocio. Ante este cuestionamiento el Ing. Gutiérrez Cabello respondió que de otra forma no sería posible implementar el sistema.

Entonces y hablando de concesiones: se supone que las concesiones se otorgan a particulares para hacer negocio sobre una actividad, es inverosímil que para hacer negocio el concesionario necesite que los usuarios inviertan para que él haga negocio. ¿Qué no debe ser que si no tienes para invertir no hagas negocio? o ¿por qué Jericó Abramo cede ante ese tipo de presión de los concesionarios?

Ahora con la implementación de las Rutas Troncales, el Cabildo entero autoriza un nuevo aumento de tarifas para que estos mismos señores sigan haciendo negocio, sin haber cumplido los compromisos del aumento a inicios de 2013.

Uno de los principales compromisos de los concesionarios fue la capacitación de los operadores o choferes, sin embargo, las capacitaciones que se dieron fueron menos de cien cuando existen más de mil choferes en Saltillo. Muy pocos fueron enviados por los concesionarios, pues eran en horario laboral, según ellos. De manera que no cumplieron con ninguno de sus compromisos, pero eso sí, necesitan más aumento de tarifas porque si no, no hay negocio.

¡Que se retiren y se dediquen a otra cosa! si no es negocio como argumentan.

Este aumento viene a ser un tipo de venganza de Jericó Abramo por las críticas que hacemos quienes él mismo nos llama troles, siendo que somos perfectamente identificables y damos la cara ante las cuestiones de debilidad y de influyentismo que han mostrado Jericó y su cabildo, quienes de manera cobarde y “en lo oscurito” sesionan sin informar la agenda ni la minuta porque preparan otro golpe más a los bolsillos de los ciudadanos.

Ojalá diera la cara el alcalde para responder a nuestros señalamientos, que han sido respetuosos y objetivos, pero se dedica a hacer circo y teatro para que la gente diga que tiene agallas pero no puede darnos la cara a la ciudadanía para explicar estas situaciones y ponerle solución, mucho menos ahora que ya se va.

Solo nos queda esperar que la ciudadanía reaccione, que haya herramientas jurídicas justas y eficaces para dar marcha atrás a este tipo de atropellos y que la nueva administración de Isidro López Villarreal realice una auditoría justa y minuciosa a todo el proyecto Saltibus para que castigue lo que haya que castigar y sobre todo, mejore la implementación corrupta que ha realizado Jericó Abramo y pandilla, cabildo y concesionarios.

 

Luis A. Zavala

Ciudadanos Por Coahuila

 

 

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UNIDOS A NUESTRO COMPAÑERO @GofoAutor

                                                                                 pphuertavera203042013 COMUNICADO DE PRENSA

Saltillo, Coahuila. México. 2 de julio del 2013.

Ciudadanos por Coahuila es un colectivo sustentado en la vida democrática de una República  a la que percibimos como sana. Hemos recibido con desconcierto, y por la naturaleza inherente a la causa de indignación que venimos sosteniendo desde hace dos años, la noticia del retiro al que fue destinado nuestro compañero y amigo el Pbro. Adolfo Huerta Alemán.

Consideramos que lo anterior es consecuencia del plan de desprestigio que emprendió desde hace tiempo el Gobierno del Estado por ser “Gofo” un protagonista de la indignación coahuilense al descubrirse los grandes atracos e injusticias perpetrados por los gobiernos de los hermanos Moreira, y hemos tomado la decisión de solidarizarnos con nuestro hermano Adolfo Huerta Alemán (“Gofo”), ofreciendo todo el apoyo y ayuda necesaria, respetando la decisión tomada por Fr. Raúl Vera López,  pero esperando que ésta sea la mejor medida para que la sociedad saltillense pueda continuar con su despertar hacia una exigencia para obtener un buen gobierno. Indiscutiblemente en tenor de lo anterior consideramos de muy baja moral la campaña emprendida por algunos medios “visibles” desde meses atrás con notas amarillistas carentes de verdad y que han tenido toda la intención de afectar la reputación de nuestro amigo “Gofo”.

Dadas las circunstancias y los problemas de seguridad que vive Coahuila, -muchos ejecutados durante la Administración de Rubén Moreira- nos es necesario enfatizar nuestra preocupación por la integridad física del Padre Gofo, pues este gobierno ha demostrado no tener escrúpulos para atacar a quienes les han cuestionado.

Intentaremos tener un acercamiento a Fr. Raúl Vera, y ofrecerle nuestro refrendo solidario para que se impulse una investigación que permita dar solución a estos problemas causados por un Gobierno intolerante, capaz de adoptar una actitud agresiva en contra de la ciudadanía que cuestiona, critica y propone, y que orquesta por si fuera poco, una Campaña de Desprestigio hacia un Sacerdote Católico comprometido con las causas justas de la sociedad, que se manifiesta en la búsqueda de la Verdad y la Justicia en nuestro lastimado Estado.

Esperamos  que las decisiones que se tomen al respecto sean congruentes con la demanda de Justicia y Equidad,  mantendremos  las puertas de nuestro colectivo, nuestras casas y nuestras familias abiertas al Padre Gofo, que estamos seguros indiscutiblemente sabemos no se rendirá. , pues de entrada Nos oponemos a cualquier intento inconstitucional de vulnerar el derecho inalienable de cualquier ser humano a expresar su opinión y pensamiento.

 

Ciudadanos Por Coahuila

Apartidistas, Y sin intereses de poder.

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PACTO POR MÉXICO: SIMULACIÓN Y CONVENIENCIA.

POSICIÓN CIUDADANA SOBRE “BLINDAJE ELECTORAL” Y PACTO POR MÉXICO

¡Simulación y Conveniencia!

Neli y Ruben

Texto presentado durante la Rueda de Prensa convocada para tal fín el miércoles 15 de mayo a las 12:00 horas en las instalaciones del Hotel San Jorge de Saltillo, Coahuila.

 

Que en nuestro país los programas sociales no tienen como finalidad atender y solucionar las necesidades a las que son destinados, sólo pretenden paliar un poco esas necesidades, porque su objetivo real es crear clientelas electorales con personas que carecen de lo necesario para satisfacer todas sus necesidades como debiera ser; con ingresos propios, empleos dignos, salarios y prestaciones justas y suficientes, por lo que al convertirse en beneficiarias de esos programas son obligadas a corresponder con su voto.

 

Para salvar el Pacto por México, se llegó al acuerdo de lanzar el Programa Federal “Blindaje Electoral” en 14 Estados de la República donde se realizarán elecciones en este año. En Coahuila, a dos meses de la jornada electoral, el Gobernador del Estado presentó 18 puntos de un supuesto Programa de Blindaje Electoral; ambos, tantos el programa federal como el estatal serían de risa si no fueran de consecuencias lamentables para las personas utilizadas como clientela para la compra y coacción del voto, así como para las condiciones económicas y sociales del pueblo mexicano.

 

Sobre el supuesto blindaje a nivel federal: el “blindaje” a los programas sociales de cara a las elecciones de julio, acordado por las dirigencias del PRI, PAN y PRD con la Secretaría de Gobernación es muy limitado y nos parece más un acuerdo político que una posibilidad real de atacar a fondo el problema.

 

Llama la atención la prohibición a la entrega de apoyos y subsidios 45 días antes de las elecciones, cuando lo que hemos observado desde la sociedad civil es que estos recursos o subsidios sociales son distribuidos con meses de anticipación y/o justo el día de las elecciones o un día después, para comprometer a los que firmaron las listas levantadas casa por casa para votar por determinado candidato.

 

Sobre los 18 puntos del programa de Coahuila: en Coahuila no ha habido alternancia ni a nivel gubernamental ni en el Congreso, salvo en algunos municipios, pero en 2011 volvimos al obsoleto carro completo para el partido que sigue “gobernando”. Además, siendo Gobernador Humberto Moreira puso al frente del PRI a su hermano, hoy gobernador, el cual se dedicó a fortalecer y perfeccionar la estructura electoral de su partido, de manera que en particular ese año funcionó como un ejército muy disciplinado, que sabe de antemano cuántos votos obtendrá cada casilla, destacando los operativos muy bien organizados de las lideresas con sus jefas de manzana que levantan las listas firmadas casa por casa, distribuyendo los programas sociales y demás beneficios con antelación.

 

Además vimos en la prensa al propio gobernador en la distribución de bultos de cemento y hace dos semanas en Torreón, tomando protesta a los Comités de la Cruzada para combatir el hambre. Los “compas”, portando las playeras rojas iguales a las de las campañas electorales de su partido el PRI.

 

Analizando los 18 puntos, podemos observar que en la mayoría sólo son exhortos, señalamientos y llamados obvios. Palabras y más palabras y que además, todos los funcionarios señalados no son los principales operadores de la utilización clientelar de los programas y recursos públicos, porque el trabajo ya está hecho por las legendarias lideresas y sus famosas jefas de manzana.

 

En el punto cuatro se señala a organizaciones muy respetables como la Cruz Roja y el Club de Servicios que invitaron a monitorear programas y funcionarios, desde nuestro punto de vista esto es una falta de respeto, porque el objetivo y actividades de esas organizaciones son muy distintas a la tarea a destiempo para la que fueron invitadas, y como no tienen experiencia y no conocen ni a los actores, ni a los sectores ni el cómo y dónde se aplican éstas prácticas, sus conclusiones son previsibles, es decir, manifestarán que no existió la utilización clientelar de los programas sociales. Pero para los políticos que nos siguen gobernando el apoyo de esas organizaciones les es indispensable para legitimarse. Ellos, los políticos si saben cómo hacerlo, creando y utilizando programas y recursos públicos para la compra y coacción del voto, porque lo que no saben ni les interesa es aprender a competir limpiamente.

 

No menospreciamos ni descartamos los programas sociales, pero consideramos que deben ser temporales, porque lo que necesitamos en México son Políticas de Estado orientadas a terminar con todos los aspectos de la pobreza y paulatinamente se eleve el nivel de vida de toda la población, pero eso supone un cambio sustancial de la política económica orientada a incrementar el empleo, los salarios y el mercado interno, terminar con los monopolios, la corrupción y la impunidad entre otros muchos aspectos. Pero esto ningún partido de los actuales se lo propone en serio, ni los grandes y antiguos, mucho menos los pequeños.

 

Saltillo, Coahuila. Mayo del 2013.

 

Suscriben el presente posicionamiento:

 

Alianza Cívica Coahuila

Ciudadanos por Coahuila

Cruzada por la legalidad, A.C.

Colegio Coahuilense de Ciencias Jurídicas y Forenses, A.C.


La Ilegalidad del Saltibus, engaño y atraco a la ciudadanía

Este martes 23 de enero de 2013 representantes de los colectivos Alianza Cívica, A.C. Consejo Ciudadano Permanente, Colegio de Ciencias Jurídicas y Forenses de Coahuila, A. C. y Ciudadanos Por Coahuila acudimos a Palacio Municipal a entregar un escrito dirigido al Alcalde como Presidente del Cabildo de Saltillo para exponer nuestra postura ante la ilegalidad e inconstitucionalidad del proyecto Saltibus, tal como lo implementaron. Además en el mismo escrito entregamos algunas propuestas para darle una solución inmediata privilegiando a la ciudadanía y a los usuarios del Transporte Público en Saltillo.

No estamos contra la Modernidad en nuestra ciudad, sin embargo la “modernidad” que ha impuesto la presenta Administración municipal, tal como las últimas dos administraciones de Coahuila, han establecido estrategias de muy baja calidad para una ciudad como Saltillo y sin una planeación y consulta ciudadana adecuada. 

El escrito entregado dice lo siguiente:

 

SALTILLO COAHUILA, a 23 DE ENERO DE 2013.

 

 

C. JERICO ABRAMO MASSO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALTILLO

H. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO:

A LA OPINION PÚBLICA:

 

Por décadas, uno de los principales problemas de los habitantes lo constituye el deficiente e inseguro servicio de Transporte Urbano Público, en el que nos movemos más de 400,000 pasajeros de la zona conurbada de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, desde empleados, profesionistas, comerciantes, burócratas, trabajadores, amas de casa, pensionados y estudiantes, situación que al presentar graves deficiencias, reitera la necesidad siempre desatendida del mejoramiento del sistema de transporte.

 

Los Ayuntamientos están obligados por ley a atender en forma prioritaria y en beneficio de los habitantes de la región sureste, el Servicio del Transporte Público de Pasajeros del Municipio y para que sea de calidad y económico, se debe respetar lo dispuesto en la Constitución y la Ley del Transporte.

 

La legislación vigente establece que los programas y actividades que se realicen dentro de los planes y programas de desarrollo por la Autoridad Municipal, en beneficio de los usuarios del transporte Urbano, deben ser sometidos a la consulta de los usuarios y de los sectores involucrados, empresarios, transportistas, sindicatos, y organismos de la sociedad civil, haciendo uso de los diversos instrumentos que la legislación señala como la consulta popular, la audiencia pública, y el plebiscito, para que se puedan emitir puntos de vista que contribuyan a enriquecer las acciones y determinaciones que se tomen por la Autoridad.

 

Nos debe quedar claro a todos, en particular a las Autoridades Municipales que en un programa de modernización del Transporte público Urbano, deben apegarse estrictamente a las disposiciones legales, incluyendo la transparencia y rendición de cuentas, que permite que todos los involucrados, tengan conocimiento de los objetivos y avances que se obtengan en el proceso no solo de implementación sino en el cumplimiento de los procedimientos, los recursos de que se dispondrán y las metas a obtener.

 

Tenemos evidencias inmediatas y mediatas que el incumplimiento de la ley, ha generado en varias ocasiones a nivel municipal y estatal, endeudamientos indebidos que se cargan a las finanzas públicas, con consecuencias graves para el cumplimiento de las otras tareas gubernamentales.

 

Algunas voces han alertado de la inconveniencia de que se ignore que el problema del transporte público, tiene que verse en una dimensión de mayor calado, es decir, atender el problema intermunicipal o metropolitano, como se atiende en la mayoría de las zonas conurbadas del país, y como lo ha reconocido el titular del Ejecutivo del Estado.

 

En el proyecto de modernización del Transporte Urbano denominado SALTIBUS, se advierte en primer lugar, cortedad de miras al no permitir la participación de los otros alcaldes y actores, olvidando incluso que al ser una propuesta del alcalde según sus palabras, se desconoce la opinión del Cabildo que es en quien descansa en primer término la responsabilidad de gobierno, no en el Presidente Municipal, quien es en todo caso el ejecutor de las decisiones de Aquel, así tenemos que:

 

1.- Se desconoce por la opinión publica el tipo de empresa que será constituida, si será una empresa privada, social o paramunicipal, el papel del Municipio, los 650 concesionarios organizados en sindicatos de patrones, los choferes y los usuarios y ni como se constituirá el Fideicomiso. No se ha difundido si ahora sí, se efectuarán los concursos para obtener las concesiones de transporte o como se otorgaran éstas

 

2.- Se ignora cómo se constituirá el anunciado Instituto Municipal del Transporte, ni si será o tendrá un órgano consultivo ciudadano que participe en el mismo.

 

3.- No se conoce públicamente aún el mapa de las rutas troncales y alimentadoras que constituyen el Sistema de Transporte Urbano SALTIBUS que se anuncia, o si se basará en las líneas existentes. Así como en qué medida se mejoraran la seguridad de las unidades, los itinerarios, los horarios, la conducta de los choferes, etc.

 

4.- El Alcalde anunció en septiembre que habría nuevas unidades de transporte para diciembre de 2012, iniciando operaciones un nuevo sistema de transporte denominado SALTIBUS con una nueva tarifa general de $6.50 a partir del 7 de enero de 2013; el nuevo sistema no se implementó ni siquiera parcialmente, pero sí se aplicaron indebidamente las nuevas tarifas con el agravante de cobrar al usuario 2 pesos como recargo , continuando las mismas unidades de transporte, que ante el rechazo general y la deficiencia en la entrega de tarjetas de prepago tuvo que suspenderse el recargo de los dos pesos hasta finales de este mes de enero y difiriendo la incorporación de nuevas unidades hasta mayo del 2013.

 

5. Por lo anterior, afirmamos que es ilegal e inconstitucional, que, sin una convocatoria previa, sin una amplia difusión en los medios de comunicación; y, aún si se hubiese hecho, los usuarios del transporte público deban pagar 2 pesos de “castigo”, “recargo” o “multa”, por no contar con la tarjeta o credencial del Saltibús. De acuerdo a la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, y a todos los criterios que la Corte ha emitido en materia de tributación, en este caso, del pago de derechos por un servicio público municipal; ninguna Autoridad debe cobrar un derecho o una cantidad de dinero por el mismo concepto, sin bases ni fundamentos y con estricto apego a la legislación vigente. Esto es, los dos pesos adicionales para los que abordan unidades del transporte, no pueden cobrarse bajo concepto de “recargo”, pues no se trata de una prestación o servicio de tipo contractual, donde se pueden plasmar sanciones o recargos por algún incumplimiento. El servicio de transporte funciona bajo un sistema de tarifas fijas, por ende, permitir a los concesionarios cobrar dos tarifas distintas, los coloca ante el hecho de que la tarifa aumentada por no traer la tarjeta, es ilegal y arbitraria y carece de todo fundamento legal previo.

6.- Además, obligar a los usuarios a adquirir una tarjeta con un costo de 15 pesos debe tener un fundamento legal, previo y claro, y, hasta donde se sabe no es así. Pero, suponiendo sin conceder que exista tal fundamento, de todas formas el Municipio comete una violación grave en materia de derechos: Está cobrando de forma anticipada por un servicio que no está dando, que no está debidamente conformado (El Saltibús como empresa), y que no están gozando los usuarios, esto es, la unidades nuevas. El alcalde, anunció en medios que en mayo llegaban las unidades del Saltibús. ¿Entonces por qué deben comprar las tarjetas desde ahorita? La Corte señala que nadie puede cobrar de forma anticipada por un servicio, producto o derecho que no está gozando el contribuyente. Esto es, los ciudadanos,  ya, desde ahorita, debieron erogar 15 pesos, por el “derecho” a subirse a unidades nuevas. Pero no es así, son las mismas.

Lo correcto es, que la tarjeta se les entregara a los usuarios, advirtiéndoles que en mayo deberían cubrir el costo correspondiente para activarlas. O bien, entregar de forma paulatina éstas durante mayo, cuando ya circularan las supuestas unidades nuevas.

RESUMEN: Es ilegal e inconstitucional el pagar los dos pesos de “castigo”, multa o recargo. Igualmente ilegal e inconstitucional, obligar a las personas a adquirir de forma anticipada las tarjetas por un servicio que aún no están gozando (las unidades nuevas).

 

7.- El cobro de las tarjetas de prepago sin la existencia de la empresa y/o del fideicomiso, que maneje los recursos en favor del PROYECTO SALTIBUS , donde se depositen y manejen los recursos obtenidos para las finalidades del mismo, así como sin encontrarse funcionando el nuevo sistema de transporte municipal, evidencian un manejo desaseado del Ayuntamiento, de los recursos depositados de buena fe por los usuarios, siendo un engaño a los mismos, así como la posible comisión de delitos tipificados en el Código Penal. El ilegal cobro de recargos, multas o castigos de “$2.00”, por servicios aun no prestados, pueden generar demandas por los actos indebidos de la Autoridad y desconfianza de su actuación ilícita.

 

 

Por lo señalado, hacemos la siguiente propuesta:

 

1.- Suspender el pago de tarjetas de prepago, hasta que el sistema esté operando con las nuevas unidades de transporte comprometidas para evitar que el Alcalde, los Regidores y Síndicos sigan cometiendo ilegalidades, faltas administrativas y posibles delitos del que puedan ser acusados por los ciudadanos.

 

2.- Establecer taxímetros y sistema de tarifas en las unidades de sitios fijos y de recorridos continuos.

 

3.- Garantizar la constitución transparente de la empresa y/o del Fideicomiso y el Instituto Municipal del Transporte, en el que se garantice la transparencia y rendición de cuentas de los recursos, para no desnaturalizar el objetivo, y pudieran beneficiarse exclusivamente los concesionarios actuales.

 

4.– Se establezca en los documentos estatutarios, la apertura para que en el futuro, la empresa u órgano constituido pueda transformarse en un ente de carácter intermunicipal o metropolitano.

 

EXHORTAMOS LA VOLUNTAD GUBERNAMENTAL DE CUMPLIR CON LA LEY QUE SEÑALA LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICACIA EN EL EJERCICIO DE SU ENCARGO.

 

 

ATENTAMENTE

 

 

 

POR EL RESPETO A LA LEGALIDAD, LA JUSTICIA Y LA DIGNIDAD DE LOS USUARIOS

DEL TRANSPORTE URBANO”

 

 

 

CONCEJO CIUDADANO PERMANENTE CIUDADANOS POR COAHUILA

 

 

 

ALIANZA CIVICA COAHUILA COLEGIO DE CIENCIAS JURIDICAS Y FORENSES

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen


EXIGIMOS TRANSPARENCIA A #MOREIRA Y CONGRESO, NO MAS DEUDA

Saltillo, Coahuila a 1 de noviembre de 2012

Estimados Amigos,

Les comunicamos que en el transcurso de esta semana hemos entregado peticiones tanto a Rubén Moreira Valdez, como a cada uno de los Diputados de la actual Legislatura del Congreso del Estado, en torno al tema del Nuevo Crédito que solicitaron autorización a través de Jesús Ochoa y la Secretaría de Finanzas del Estado. En el escrito invitamos con la debida exigencia a que cada uno de los Poderes involucrados actúen en consecuencia y con responsabilidad, no sin antes aclarar, investigar y sancionar a los responsables del llamado Moreirazo y la Mega Deuda de la que el pueblo Coahuilense ha sido víctima. Anexamos algunas imágenes de las Acuse de Recibo y el texto enviado tanto al Poder Ejecutivo como a cada diputado del Poder Legislativo Local.

Ciudadanos por Coahuila

Apartidistas, pacíficos y sin interés de poder

C. Lic. Luis Alberto Zavala Díaz

Comisionado.

TW. @CiudadanosxCoah

FB: https://www.facebook.com/ciudadanosxcoahuila

 

Artículo complementario:

 

Más Moreirazo

 

 

Estas últimas semanas han sido claves para nuestros movimiento ciudadano, particularmente por la solicitud que hizo la Secretaría de Finanzas al Congreso Local para ejercer un crédito nuevo otorgado por Banobras de $950,000,000.00 (novecientos cincuenta millones de pesos). La defensa de los funcionarios de Finanzas no ha parado, claro, es muy conveniente para ellos pues facilitaría la labor que les encomendó Rubén Moreira y que seguramente sería una pausa para no investigar lo acontecido en el sexenio de Humberto Moreira respecto a la Deuda Pública, el llamado Moreiazo.

 

En Coahuila hemos sufrido una confusión de funciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pues el Ejecutivo ha hecho más acciones legislativas que ejecutivas, incluso, más de lo que hizo Rubén Moreira como legislador y el Poder Legislativo se ha dedicado casi en su totalidad a defender, aprobar sin discusión las iniciativas del Ejecutivo y a realizar gestiones a sus partidarios. Es una situación muy lamentable para la Democracia y el desarrollo social, político y económico de Coahuila puesto que sale a la luz algo de lo que hemos denunciado desde el sexenio anterior, NO EXISTE DIVISIÓN DE PODERES EN COAHUILA, ni institutos realmente ciudadanos pues siguen siendo serviles a un sujeto, quien los comanda y amenaza con no ratificar su puesto.

 

El Moreirazo es la punta de un icberg impresionante de diferentes crímenes de Estado, que no han sido ajenos en distintos sexenios desde Oscar Flores Tapia, si no es que desde antes, pero que se acentuaron en formas impensables en los últimos dos sexenios Moreiristas. Actualmente, aunque la ciudadanía en general se pregunta a dónde fue a parar ese recurso de tantos miles de millones de pesos, las autoridades Estatales y Federales no han sido corresponsables con la ciudadanía para dar claridad y respuestas reales en el tema y por ende, no han siquiera intentado perseguir a los culpables intelectuales y materiales de tantos crímenes, fraude, peculado, tráfico de influencias, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito,  y un sinfín de etcéteras.

 

Fue de llamar la atención que al acudir el pasado martes 30 de octubre al Congreso del Estado darnos cuenta que no habría sesión hasta el 6 de noviembre, y solo un diputado estaba en su despacho, Edmundo Gómez, y algunos despachos tenían asistente que recibió el documento; sin embargo la gran mayoría de las solicitudes tuvimos que entregarlas en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado pues no había ni diputados ni asistentes, recibir tanto sueldo, dieta y prestaciones para trabajar solo del día de sesión y levantar la mano como el gobernador les indique es una burla más del sistema político coahuilense.

 

Insistiremos y cada vez con más fuerza y energía, siempre pacíficamente, que el Gobierno del Estado transparente las finanzas de los últimos dos sexenios, pues tenemos bien claro el plan de Humberto de dejar a su hermano Rubén para su protección. Ambos fueron planeadores y beneficiarios de tanto crimen y no descansaremos hasta que todos los responsables paguen su culpa y devuelvan lo robado al patrimonio del pueblo coahuilense.

 

 

Ciudadanos por Coahuila

 

 

 

Texto íntegro entregado al Sr. Rubén Moreira Valdez.

 

Saltillo, Coahuila a 23 de octubre de 2012

 

 

 

Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez

Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza

Presente.-

 

 

 

Por diversos medios de comunicación nos hemos enterado que el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Finanzas encabezada por Jesús Ochoa Galindo ha solicitado autorización al Congreso del Estado para la adquisición de una nueva línea de crédito a Banobras, situación que ya lo veíamos venir desde hace mucho tiempo, sin embargo hay varias situaciones que hay que considerar antes de, inclusive, solicitar dichos créditos a Banobras.

 

Primeramente, es imprescindible que se transparenten clara y totalmente el destino de la Deuda Pública ya adquirida, antes de la reestructura realizada en Agosto de 2011. Esto por la serie de dudas y las miles de preguntas sin respuesta sobre el destino de los 34 mil millones que se reestructuraron sin información ni consulta previa.

 

Sabemos de meses atrás la situación de documentos falsificados, alterados y decretos falsos para la adquisición de gran parte de la Deuda Pública adquirida por la administración de 2005 – 2011, cantidades que se tienen aún como parte de la Deuda Pública actual, aún cuando el Estado, obviamente, no utilizó esos recursos para infraestructura, desarrollo u obra pública. Por lo cual es urgente una acción al respecto para evitar que los coahuilenses paguemos ese recurso obtenido ilegalmente y que los bancos involucrados, la PJGE y la PGR realicen las investigaciones y acciones de procuración de justicia necesarias para castigar a los responsables y recuperar el recurso desviado.

 

La confianza se gana, no se adquiere como consecuencia de unas elecciones y mucho menos cuando el Gobernador fue supuestamente electo por poco más del 26% de la población, por lo cual debe legitimar su gobierno ganándose la confianza del resto de la población. Por lo cual miles de coahuilenses no confiamos en su actuar como gobierno y mucho menos al decidir nuestro futuro y nuestras reglas sociales sin hacernos parte de las decisiones, como lo es tanta reforma y acción legislativa que el Ejecutivo ha realizado en este año sin informar a la ciudadanía hasta el momento que se aplica y en muchos casos dejar en estado de indefensión al ciudadano común.

 

Por lo anteriormente expuesto lo invitamos a:

 

  1. Que, antes de hacer efectivo el crédito con Banobras o cualquier otro crédito a cualquier institución crediticia, bancaria o financiera, transparente al 100% la totalidad de los créditos obtenidos en el sexenio de su hermano Humberto Moreira Valdés, investigue y castigue las distintas responsabilidades administrativas y penales a su cargo y transparente su mismo gobierno.
  2. Abra un diálogo franco y respetuoso con la ciudadanía, particularmente los grupos que lo hemos cuestionado a usted y a su hermano, para aclarar las miles de dudas que tenemos respecto a la transparencia y buen gobierno, mismas que ante la falta de respuestas no consideramos que existan ni la una ni la otra. Lo invitamos a que en este diálogo con toda la población, y no solo con los priistas, se consulte todas y cada una de las decisiones de impacto en la sociedad en todos sus temas, particularmente en los temas legislativos que tanto auge han tenido en este sexenio.
  3. Dentro de ese diálogo abierto y franco con la ciudadanía, sea respetuoso y no manipule ni con encuestas falsas ni con la compra de medios de comunicación, espacios de información comprados; sino un ejercicio igual de transparente como la ciudadanía espera a un gobierno y no un gobierno manipulador como se maneja en algunos medios de comunicación en el Estado.
  4. Debe quedar totalmente fuera de cualquier circunstancia en la vida de Coahuila la represión, intimidación y violencia de los derechos civiles y humanos por parte de los tres poderes del Estado, funcionarios y servidores públicos, su partido el PRI y cualquiera de sus miembros, puesto que las acciones que se emprenden como gobierno no deben ser considerados eventos del PRI. De manera que de antemano condenaremos cualquier acto de represión e intimidación a cualquiera de los que cuestionamos su forma de gobernar actual, y lo seguiremos invitando a que cambie estructuralmente esa forma a una forma democrática, transparente, respetuosa y comprometida realmente al desarrollo del Estado.

 

Nos interesa trabajar para el desarrollo del Estado y nuestra sociedad y aunque no se nos han abierto espacios para coadyuvar a ello, salvo lo que nosotros mismos como organismos ciudadanos hemos emprendido, seguiremos insistiendo constantemente, sin negociación, sin renunciar a ese nuestro derecho, por una vida digna para los coahuilenses, deber natural de los ciudadanos auténticos.

 

 

 

Ciudadanos por Coahuila

Organismo Ciudadano, apartidista y sin intereses de Poder Público.

 


#COAHUILA; ENTRE LA CORRUPCION Y LA POBREZA

 

Uno de los estados de la República más vilipendiados lo ha sido Coahuila y no solamente por la escandalosa deuda que heredó Humberto Moreira, sino por la terrible brecha social que se ahonda día a día gracias a un extraño contubernio entre la carestía y la falta de oportunidades.

A pesar de que la gente es luchista y trabajadora, es gente sumergida en el remolino de la demagogia partidista y gubernamental.

Hoy Coahuila se enfrenta ante la incapacidad de un gobernador cínico y un gabinete ausente, a la opacidad y el abandono. Se enfrenta a los intereses creados por pequeños grupos y al gran dilema de ver sus recursos naturales absorbidos por el extranjero. Un caso de ello lo es el agua, recurso natural que es de todos y que la Cpnstitución en su articulo 4 modificó por medio de un decreto aparecido en febrero del presente año y que convierte al vital líquido en un derecho humano inalienable.

Pero como es y significa un gran negocio, el agua es ahora una de las industrias más atractivas para los ambiciosos en un país que no sabe defenderse porque además, las autoridades no les informan con exactitud y permiten que la represión sistémica de la empresa AGBAR -aguas de Barcelona- imponga sus condiciones no solamente a una clase política pervertida, sino a una población vulnerable que apenas gana para mal comer y éstos quieren cobrarle el vital líquido como si de oro blanco se tratara.


MOREIRA: LA SANGRE DERRAMADA

El asesinato del hijo del ex gobernador de Coahuila fue el tiro de gracia a un político en desgracia…

Dirigente nacional del PRI en momentos clave –la designación del candidato presidencial de ese partido– Humberto Moreira se había servido del poder hasta su máxima expresión política.

Pero acabó defenestrado ante la presión del gobierno calderonista y el abandono que se hizo de él desde la cúpula priísta, muy preocupada por su reputación cuando se construía la candidatura de Enrique Peña Nieto.

Humberto Moreira usó, pues, y fue usado, como es norma en el priísmo. Y en este último contexto su hijo acabó siendo asesinado.

Como gobernador solía confrontarse con Felipe Calderón: varias veces le recriminó la militarización exacerbada del país. Desde Coahuila ayudó a varios de sus compañeros de partido a ser gobernadores, entre ellos a su hermano Rubén, quien lo sucedió.

Como presidente del PRI consiguió apoyos estratégicos para Enrique Peña Nieto hasta definir su candidatura a la Presidencia. Pero cayó en desgracia al revelarse que como mandatario de Coahuila contrajo una deuda multimillonaria, que en parte se obtuvo gracias a documentos falsos. Entonces sus compañeros de partido lo dejaron solo.

Y ahora su hijo fue asesinado.

Crítico de la militarización, Moreira se convirtió en víctima de la violencia que azota al país y en estos días sobre todo al norte de Coahuila. En sus palabras padece “en carne propia” el saldo de la “guerra absurda” declarada por Calderón al inicio de su mandato.

El miércoles 3, José Eduardo, primogénito del ex dirigente nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila, fue asesinado en un paraje de Ciudad Acuña.

La noticia se difundió con rapidez, sin que hubiera confirmación oficial hasta el día siguiente. En el gobierno de su tío, Rubén Moreira, se cerraron todas las fuentes de información. Dos horas después de la desaparición del joven de 25 años ni siquiera su padre estaba enterado de lo ocurrido y no fue sino hasta que los rumores llegaron a él cuando pudo confirmar la muerte de su primogénito.

Distrito Federal— Carlos Ariel y Álvaro fueron los hermanos que acompañaron a Humberto en el sepelio. Rubén no asistió. Tampoco los secretarios de su gabinete. Sólo unos pocos alcaldes llegaron a las exequias.

La ausencia de Enrique Peña Nieto y de la mayoría de los gobernadores priístas fue más notoria que las discretas asistencias de algunos peñistas: Sólo acudieron el sucesor de Moreira en el PRI, Pedro Joaquín Coldwell; los integrantes del equipo de transición Miguel Ángel Osorio Chong y Jorge Carlos Ramírez Marín y los gobernadores de Chihuahua, César Duarte, y Zacatecas, Miguel Alonso.

Aunque más tarde el ex dirigente priísta se reuniría con el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, no hubo nadie del Gobierno Federal y las condolencias de Felipe Calderón –emitidas durante un acto en Colima– estuvieron acompañadas del anuncio de apoyo federal al estado. Los funcionarios calderonistas, como Poiré y el jefe policiaco Luis Cárdenas Palomino, se reunieron con Rubén en Saltillo.

En Ciudad Acuña, en el centro del cortejo, Humberto Moreira devastado, rodeado de su familia y custodiado por efectivos de la Armada, reclamó justicia y advirtió que su hijo era una víctima más de la “guerra absurda” que se vive en México.

En desgracia

El asesinato de José Eduardo Moreira ocurrió en momentos en que su padre cayó en desgracia. Luego de haber acariciado las altas esferas del poder y haberse colocado en la primera línea del equipo de Enrique Peña Nieto, debió salir de la escena pública acusado de contratar de manera ilícita una deuda que ronda los 35 mil millones de pesos cuando fue gobernador de Coahuila.

Antes, en diciembre de 2010, faltando un año para concluir su mandato, anunció que renunciaría a la gubernatura. Abandonó el estado con señalamientos por un nepotismo (todos sus hermanos estaban en actividades públicas) que alcanzaba su mayor expresión en la designación de Rubén como candidato a sucederlo.

Contra Humberto pesaba que durante su gestión ocurrió el desbordamiento de la violencia en la región lagunera, especialmente en Torreón, donde la confrontación entre el Cártel de Sinaloa y Los Zetas se materializaba en matanzas, tiroteos, atentados y secuestros que azotaban en especial a la comunidad empresarial.

En todo el estado la presencia Zeta se traducía en extorsiones y desplantes de poder que, sin embargo, no llegaban a los indicadores sangrientos de las demás entidades fronterizas, no obstante el elevado número de desaparecidos. A la violencia Moreira respondía con críticas al modelo de militarización y señalaba la falta de estrategia de Calderón para combatir el problema. (Proceso 1757).

Según Moreira, fue por sus posturas críticas como gobernador que el gobierno de Calderón le retenía participaciones y recursos aprobados para la entidad, además de enfrentar cerrazón al diálogo en el gabinete federal.

Con sus operadores electorales desplegados contribuyó a las victorias electorales de estados en manos de partidos opositores al PRI, como San Luis Potosí y Zacatecas, o en riesgo de derrota como Nuevo León y Durango. Finalmente llegó por unanimidad a la dirigencia nacional del PRI.

El profesor llegó a la cumbre de su trayectoria al convertirse en dirigente del PRI en marzo de 2011. En los meses siguientes consiguió que su partido ganara Coahuila, Nayarit, el Estado de México y Michoacán.

Pero sobre todo operó la aproximación de la élite militar a Peña Nieto (Proceso 1839), consolidó la alianza con el partido de Elba Esther Gordillo y definió la unción del mexiquense, a costa de las aspiraciones del entonces senador y hoy diputado federal Manlio Fabio Beltrones.

El caso de la deuda

El 25 de junio de 2011, a una semana de celebrarse la elección de gobernador de Coahuila, Ernesto Cordero, entonces titular de Hacienda, acudió a Torreón para participar en un acto de campaña de Guillermo Anaya Llamas, el candidato panista, senador con licencia y compadre de Calderón. Originario de Torreón, Anaya contendía contra Rubén Moreira.

En el acto partidista Cordero informó que la deuda de Coahuila ascendía a 33 mil millones de pesos, una cantidad casi cinco veces mayor que la admitida públicamente por el gobierno del estado hasta entonces.

En el escándalo resultaron implicados funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, colaboradores de Javier Villarreal Hernández, miembro del círculo cercano de Rubén, y empleados bancarios. El asunto fue ampliamente difundido e inclusive la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, utilizaba a diario la referencia en su campaña para aludir a la corrupción priísta.

Sin embargo Proceso pudo confirmar que desde finales de junio la PGR declaró el no ejercicio de acción penal contra Humberto Moreira. Por otra parte el saldo fue liquidado, por lo que los implicados tendrían que enfrentar consecuencias de derecho sólo por 25 millones de pesos, que es el daño patrimonial causado a la entidad.

La agencia de noticias Apro dio a conocer el 10 de noviembre de 2011 que los 3 mil millones contratados de manera ilícita estaban saldados, conforme al expediente 76/2011 radicado en el juzgado Segundo en Material Penal de Saltillo. Se trataba de un crédito por mil millones de pesos contratados con el Banco del Bajío, y otro por 2 mil millones de pesos con Santander.

Por el crédito con el Banco del Bajío el gobierno de Coahuila debió pagar 25 millones 500 mil pesos de intereses, en tanto que por el de Santander, 19 millones de pesos. Así, independientemente de los delitos que se siguen por la falsificación de firmas y documentos, los imputados enfrentarían consecuencias de derecho por 44 millones 500 mil pesos y no por el monto total de la deuda.

Abandonado

Para entonces, en cada fecha significativa para los hermanos Moreira una situación de violencia se desataba en la entidad. El registro se incrementó a partir de dos hechos: La llegada de efectivos de la Armada a la entidad en 2010 y el rompimiento de Los Zetas con el Cártel del Golfo a finales de ese mismo año.

El 18 de julio de 2010, cuando Rubén se casó con la hidalguense Carolina Viggiano Austria en Saltillo, ocurrió la masacre de la Quinta Italia en Torreón, con saldo de 18 muertos. El 4 de marzo de 2011, cuando Humberto tomaba protesta con dirigente del PRI, se desató un tiroteo en Saltillo que mantuvo a la ciudad en vilo. El 1 de diciembre de 2011, horas después de que Rubén asumiera la gubernatura, otra balacera desquició a la capital coahuilense.

Humberto abandonó la dirigencia del PRI en medio del escándalo, con Calderón refiriéndose indirectamente a la deuda y la dirigencia del PAN interponiendo denuncia tras denuncia. Pero Rubén se dirigía al Presidente el 7 de diciembre de 2011, apenas iniciada su gestión:

“(Deseo) agradecerle a su gabinete de seguridad, que en el inicio del gobierno de Coahuila nos han acompañado en el trabajo de la búsqueda de la seguridad. Muchas gracias, señor Presidente”, insistía Rubén Moreira, quien a partir de entonces saludó y dio todas las condiciones para el establecimiento de bases navales y militares en el estado.

Para entonces el círculo cercano de Humberto había quedado fuera del reparto de cargos con Rubén y se empezaba a hablar del distanciamiento de los hermanos.

Fue notoria la ausencia de Rubén en la capilla ardiente, la ceremonia religiosa y el sepelio de José Eduardo, el jueves 4.

Sólo la viuda de José Eduardo, Lucrecia Davis, en su cuenta de Twitter le escribió a Rubén Moreira: “No sabes gobernar Esto es tu culpa maldito Renuncia”. En otros dos mensajes exigió justicia.

En cuanto a Humberto, al salir de la misa de réquiem declaró que atravesaba un momento muy triste, que habría tiempo para hablar y expuso: “He aguantado mucho, he aguantado calumnias, he aguantado engaños, he aguantado que la gente hable sin saber, pero esto no se puede aguantar. Mataron a mi hijo. Le dieron dos balazos en la cabeza unos desgraciados”.

Fuente: MundoNarco
Nota de los editores: reproducimos esta nota no con al afán de fomentar el amarillismo, sino de seguir dando a conocer noticias relacionadas con el lamentable suceso en el que el Estado se ha vuelto envuelto en sangre gracias a la avaricia y corrupción  de una clase política que se cree Monarquía y al parecer, está actuando como tal.

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